Comunicado de la Federación de Mujeres Progresistas

24/11/2014 | EAPN - Actualidad

A punto están de cumplirse 10 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Una década desde la existencia de un "hito en la lucha por la erradicación de la violencia ejercida por el hombre sobre la mujer en el ámbito doméstico y de las relaciones de afectividad", tal y como recoge el propio preámbulo de la normativa.

Especialmente en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Federación de Mujeres Progresistas deseamos poner de manifiesto la necesidad que supuso dicha promulgación después de décadas de reivindicación de colectivos de mujeres y de la sociedad civil en su conjunto y, transcurrido este tiempo, seguimos apostando por la consolidación de la política desarrollada en esta materia aunque se hace imprescindible fortalecer y extender los recursos previstos en una ley que continúa siendo referente europeo y mundial contra el fin de esta lacra. Tanto es así que ha obtenido una mención de honor del Premio de Políticas de Futuro (Futuro Policy Award 2014) que las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persiguen poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

En este día, la FMP a través de la experiencia de casi 20 años que la avala como organización que trabaja por la erradicación de la violencia de género, quiere transmitir aquellas medidas que pueden suponer ese fortalecimiento de la LOVG teniendo en cuenta su enfoque integral y siguiendo los tres ejes principales en los que se apoya: la prevención de la violencia de género, la atención y protección de las víctimas y la sanción de los agresores:

• Proponemos la aprobación de un Plan de Formación continuada y evaluable dirigido a profesionales implicados (educación, sanidad, judicatura, abogacía, equipos psicosociales y personal de los juzgados, cuerpos y fuerzas de seguridad, asistencia social especializada y asistencia social general) con fin de asegurar la adquisición de conocimientos y técnicas necesarias para un adecuado desempeño de sus funciones.

• Creación y puesta en marcha de las Unidades de Valoración Forense Integral, que apenas se han creado y que entendemos son fundamentales para asesorar a jueces y tribunales en materia de violencia de género.

• Recuperar con fuerza las campañas de sensibilización dirigidas a la población en general y a los hombres en particular que fomenten el rechazo a esta violencia, y que estén presentes de manera continuada en los diferentes medios de comunicación contando, eso sí, con personas expertas para su elaboración. En este sentido, pedimos que las autoridades políticas intervengan de manera continuada en dichos soportes para condenar casos de víctimas mortales como los que no lo sean y que hayan calado en la opinión pública, ya que probablemente se estén perpetuando mitos y estereotipos que desvirtúan la
lucha por la igualdad.

• Sobre los medios de comunicación, también deseamos que se establezcan mecanismos de control acerca de su tratamiento, para evitar por ejemplo que este tema se trate en programas sensacionalistas o "del corazón", donde las personas que opinan no son expertas en la materia.

• Incluir la educación para la igualdad y la prevención de la violencia de género como materia de manera especificada en el currículo escolar, dotando al profesorado de conocimientos y herramientas para la coeducación.

• Supervisar que no existan discriminación por territorios en la atención social y psicológica especializada.

• Mejorar la accesibilidad a la información, asistencial social integral y asistencia jurídica gratuita a personas extranjeras o con alguna discapacidad.

• Reforzar el número de letrados y letradas de guardia que prestan el servicio de asistencia jurídica a las víctimas.

• Revisión y mejora de los sistemas de valoración del riesgo consiguiendo que sean dinámicos con la participación activa tanto de policía como de los equipos de atención especializados y juzgados.

• Dar acceso a las mujeres víctimas a la ayuda económica prevista en el artículo 27 de la Ley Integral y llevar a cabo un plan de empleo eficaz y evaluable, que incluya tanto medidas para garantizar los derechos laborales recogidos en la ley como medidas que potencien la inserción laboral de estas mujeres.

• Solicitamos al Ministerio del Interior informes con datos rigurosos y accesibles sobre cumplimiento de penas y medidas alternativas en condenas por violencia de género, no solo para constatar la implementación de las mismas sino también como método ejemplarizante para el resto de la sociedad en general y para las víctimas en particular.