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Sanciones de la UE a España y Portugal

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02/08/2016 El 12 de julio de 2016, el Consejo Europeo dictaminó que Portugal y España no habían tomado medidas efectivas en respuesta a sus recomendaciones para corregir su déficit excesivo. Se confirmó que los dos países no reducirán su déficit por debajo del 3% del PIB, valor de referencia de la UE, en el plazo recomendado. En ambos casos, la Unión Europea encontró que el esfuerzo fiscal había caído significativamente por debajo de lo recomendado.

El Consejo ha decidido adoptar sanciones, de conformidad con el procedimiento de déficit excesivo, basado en el artículo 126 (8) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión recomienda posteriores decisiones del Consejo para la imposición de multas. Esas multas deberían ascender a 0,2% del PIB, y podrían materializarse a través de recortes en los Fondos Estructurales.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), presente en 28 Estados miembros, con un perfil particularmente fuerte en España y Portugal, afirma que estas sanciones y multas son contraproducentes para la recuperación económica, generarán más pobreza y exclusión social y mayor descontento social en torno a la Unión Europea. Ninguna de estas consecuencias es deseable en la situación económica y política actual.

Por otra parte, estamos preocupados específicamente por el impacto de la propuesta de recorte en los Fondos Estructurales destinados a ambos Estados miembros, puesto que estas reducciones serían perjudiciales para los programas sociales que promueven la inserción laboral y la inclusión social de las personas más vulnerables. En última instancia, las sanciones del Consejo castigarían a las personas desempleadas de larga duración, a las personas en pobreza y exclusión social de España y Portugal, que claramente no son responsables de las acciones de sus gobiernos.

A los ojos de millones de europeos, la UE se ha convertido en una institución distante e irrelevante que parece tener poco impacto positivo en sus vidas. Si la UE quiere sobrevivir y desarrollarse, esto debe cambiar.

El enfoque dominante no debe estar en la "preservación de las finanzas públicas responsables" a cualquier precio. Una comprensión más integral de la situación en estos países, con el fin de cumplir con los objetivos macroeconómicos, debería considerar -al menos- los siguientes tres hechos.

En primer lugar, el crecimiento económico está mejorando, pero España y Portugal aún deben ser considerados "casos excepcionales" que permiten "excesos temporales", como se contempla en el Tratado de la Unión Europea. En pocas palabras, se necesita más tiempo.

En segundo lugar, si la Comisión Europea tiene en cuenta el déficit "primario" (es decir, el déficit general, menos los intereses de la deuda pública, tal como propone el FMI ), las objeciones actuales a Francia, Italia y España no serían necesarias. Este nuevo cálculo podría ser factible y más conveniente para estos Estados miembros, que la metodología actual.

En tercer lugar (y la razón más importante): poner más medidas de austeridad que afecten a los gastos sociales no es social, ni políticamente viable, ni en Portugal ni en España. Por lo tanto, se necesita más "crecimiento inclusivo" con el fin de cumplir con el déficit público; no más ingresos a través de un aumento de la presión fiscal indirecta y/o de las reducciones de inversión y gastos sociales.

En este sentido, coincidimos con la Comisión Europea en poner de relieve la importancia de fortalecer la dimensión social de la UE y su compromiso con los derechos sociales, en todas sus facetas. La Unión Europea debería dar prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, incluida la pobreza infantil, en línea con el objetivo de Europa 2020, siendo coherente con su compromiso con un nuevo Pilar Europeo de Derechos Sociales, y a través de una estrategia integrada contra la pobreza, de carácter general.

Necesitamos más Europa Social.

Sin sanciones. Sin multas.

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