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04/04/2018 | EAPN - Actualidad
Con una gran satisfacción. Así ha recibido la EAPN España la decisión del Gobierno de incluir en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una medida para que las empresas puedan dedicar el 0,7% de su tributación con Hacienda a fines sociales, a través del Impuesto de Sociedades. Así lo ha asegurado el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, durante la presentación de los PGE. Esta es una de las principales novedades que afectan al Tercer Sector de Acción Social y que contribuirá al fomento y mejora de actuaciones a favor de la inclusión social.
"Es una medida positiva porque muestra cómo la responsabilidad social corporativa de las empresas se puede materializar de una manera general hacia el Tercer Sector de Acción Social y, sobre todo, a las entidades que están trabajando con las personas más vulnerables", explica Carlos Susías, presidente de EAPN y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS).
Y "también es positiva porque, evidentemente, el propio Tercer Sector, a medio plazo, va a tener un refuerzo de lo que pueden ser sus ingresos para poder sostener sus proyectos y estructuras en favor de las personas en riesgo de exclusión", añade.
Esta medida fue una propuesta de la PTS, avalada por sus órganos de gobierno y con amplio consenso entre las entidades miembro, que forma parte de un documento sobre medidas de financiación presentado al Gobierno y formaciones políticas para garantizar la sostenibilidad del sector, en momentos de incertidumbre y cambios en el modelo de gestión del 0,7% del IRPF. En este sentido, desde la PTS han ofrecido su apoyo al Gobierno para seguir trabajando la medida, fomentar el consenso y tatar de hacerla efectiva en el menor tiempo posible.
Tanto para la Plataforma del Tercer Sector como para la EAPN esta nueva medida supone un avance y un ejercicio de democracia fiscal al que podrán sumarse las empresas eligiendo, voluntariamente y sin costes añadidos para éstas, el apoyo a proyectos de impulso para el sector e incidencia en la mejora de las políticas de inclusión. Recordamos que hasta ahora eran sólo las personas físicas las que podían, a través de su declaración de la renta, marcar la casilla 106 y ayudar a más de 7 millones de personas a través de proyectos sociales. A partir de ahora, y con el compromiso solidario del ámbito empresarial, se tendrán nuevas herramientas para el fortalecimiento de la sociedad civil y el impulso a la participación ciudadana, tejido asociativo, voluntariado o el fomento de la innovación social, entre otras acciones.
Si bien, advierten de que esta medida no se aplicaría de forma inmediata y que necesita de un periodo de conocimiento y concienciación que puede demorar su efectividad en el tiempo. Por esa razón, la PTS insta al Gobierno a acompañar la medida con otras iniciativas que tengan un efecto inmediato. En este sentido, recuerda al Ejecutivo la necesidad de aprobar el Programa de Impulso a las entidades, previsto en la Ley del Tercer Sector, que fue aprobada en 2015 y aún está pendiente de desarrollo.
A su juicio, esta sería una forma de seguir aportando soluciones viables a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que existen en la sociedad. “Necesitamos un Tercer Sector con fortaleza y capacidad, que sea verdaderamente un eje del modelo democrático y social”, ha concluido la PTS.