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30/11/2022 | EAPN - Actualidad
Las sucesivas crisis que está atravesando nuestro país —la crisis económica iniciada en 2008, las políticas de austeridad, la pandemia, la crisis energética y la inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania— han impactado de forma más cruda en las personas en situación de pobreza. Los precios de los alimentos, la vivienda, los servicios y el coste de la vida en general amenazan la dignidad e incluso la vida de millones de personas, y ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reconstrucción en base al respeto y la garantía de los derechos sociales.
Como ha desvelado nuestro XII Informe sobre el Estado de la Pobreza, la pandemia de COVID-19 agravó la situación de miles de familias, pese al efecto amortiguador del Escudo Social. En 2021, más de 13 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y exclusión social, 380.000 más que en 2020, una cifra que ya había empeorado antes de la crisis sanitaria y cuyo impacto no ha hecho más que agudizar, colocando a España en el cuarto lugar de la Unión Europea.
Paralelamente al incremento de la pobreza y la desigualdad, nuestra sociedad está sufriendo un aumento de la polarización y una normalización alarmante de las expresiones y de los delitos de odio, asociadas en gran medida a las nuevas narrativas digitales y al uso de las redes sociales como herramientas prioritarias en la comunicación social y en el acceso a la información.
Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior revelan la tendencia alcista de los delitos de odio: en 2021 se investigaron 1.802 infracciones penales e incidentes de odio en España, 96 más que en 2019. Este dato puede ser solo la punta de un preocupante iceberg, debido al elevado porcentaje de infradenuncia: según la Encuesta sobre delitos de odio, publicada en junio de 2021 por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, un 89,24 % de las personas participantes no presentó denuncia por el delito que sufrió.
Las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social se han convertido en un objetivo recurrente de las expresiones de odio. La aporofobia, o el odio o rechazo a las personas empobrecidas por el simple hecho de serlo, supone un atentado contra la dignidad humana que comprende diferentes niveles de gravedad, desde la invisibilización, los insultos o las vejaciones hasta las agresiones físicas, sexuales u homicidios.
Tristemente, constatamos que en muchas ocasiones son las propias Administraciones públicas, los partidos políticos, líderes políticos y sociales, o los propios medios de comunicación quienes incurren en estas expresiones discriminatorias, perpetuando así los prejuicios y estereotipos que los alimentan.
En este contexto, y ante el clima actual de incertidumbre que estamos atravesando, es nuestra obligación señalar los peligros de involución democrática que corre nuestra sociedad, así como exigir a las Instituciones públicas un abordaje desde una perspectiva de derechos sociales y políticas públicas efectivas y al servicio de las personas; sobre todo aquellas con mayores dificultades, en una estrategia encaminada también a la lucha contra los delitos de odio, de los cuales son en demasiadas ocasiones víctimas.
Como ha evidenciado el XII Informe sobre el Estado de la Pobreza, los recursos y políticas públicas alineados en el soporte del Estado del Bienestar para todas las personas suponen una barrera imprescindible frente a la pobreza y la exclusión social y, por ende, frente al odio y la discriminación, especialmente en épocas de crisis.
Nuestro país ha adquirido una serie de compromisos sociales en el marco de la Agenda 2030, los ODS y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que las Instituciones públicas están obligadas a cumplir. Es nuestro deber no solo aportar a ese compromiso, también ser actores clave a la hora de recordar a los poderes públicos sus obligaciones ante los retos de la presente década, especialmente con aquellos sectores de la población más vulnerables.
Exigimos, no solo que se mantengan las medidas implementadas durante los últimos años para afrontar las diferentes crisis que ha atravesado nuestro país, sino también un aumento de los recursos y del alcance de estas, especialmente en materia de igualdad de género, justicia fiscal, educación inclusiva, empleo decente, garantía de ingresos, vivienda accesible y pensiones dignas.
Y por supuesto, es indispensable que, de forma paralela, las Instituciones apuesten por estrategias de sensibilización que defiendan una sociedad libre, diversa, tolerante e inclusiva, donde las expresiones de odio no tengan cabida. Es su obligación con nuestra sociedad y con nuestra democracia.
XIX ASAMBLEA ANUAL DE EAPN-ES
Sevilla, 30 de noviembre de 2022