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24/07/2024 | EAPN - Actualidad
El Congreso de los Diputados ha convalidado este martes 23 de julio el Decreto-Ley 4/2024, por el que se prorrogan algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.
Entre ellas, se ha incluido una prorroga hasta el próximo 31 de diciembre los descuentos del bono social eléctrico aplicables a consumidores vulnerables y vulnerables severos del 65 % y 80 %, respectivamente. El texto inicial tenía previsto que desde octubre hasta final de año se rebajasen al 57,5 % y al 72,5 %. Esta modificación se venía reivindicando desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que consideraba no solo necesario modificar la reducción progresiva prevista por el Gobierno, sino también que dichos descuentos del 65 % y el 80 % adquiriesen un carácter permanente, dada la problemática estructural y al alza que supone la pobreza energética en nuestro país, también en los meses de verano.
Además, se prorroga la garantía de suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre, y la reducción del IRPF para las rentas bajas. En este caso, se eleva el umbral de tributación en el IRPF a 15.876 euros anuales para eximir a quienes ganen el salario mínimo interprofesional.
El decreto incluye también, hasta el 30 de septiembre, una reducción al 5 % del IVA de pastas y aceites de semilla y un nuevo aplazamiento de este impuesto al 0 % para los alimentos básicos -pan, leche, huevos, frutas y verduras-, a los que se añade ahora el aceite de oliva.
Desde EAPN-ES, consideran que el Decreto anticrisis va en la senda correcta de una reconstrucción basada en el respeto y la garantía de los derechos sociales, especialmente con la incorporación de medidas enfocadas a los colectivos en situación más vulnerable. No podemos olvidar que, según el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, publicado por la entidad el pasado 4 de junio, el encarecimiento de la vida y los alquileres han provocado un aumento de las tasas de riesgo de pobreza y/o exclusión social, una problemática que alcanza ya a 12,7 millones de personas, el 26,5 % de la población en nuestro país.
En este sentido, desde la Red recuerdan la importancia de seguir apostando por políticas sociales, aumentando su alcance e intensidad, ya que, como ha evidenciado el estudio de EAPN-ES, la situación sería peor sin la acción protectora del Estado, que en 2023 consiguió evitar que 10,6 millones de personas entrasen en situación de pobreza, y unos 2,4 millones en pobreza severa.
MEDIDAS ESTRUCTURALES FRENTE A UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
Las cifras de pobreza y exclusión social se han mantenido altas y constantes a lo largo de los años, como evidencian los Informes de EAPN-ES, y aún estamos muy alejados de los compromisos internacionales de la Agenda 2030 y los ODS adquiridos por los sucesivos Gobiernos en esta materia.
Frente a esta realidad, desde la Red se insta a prorrogar y ampliar las medidas de protección de colectivos vulnerables, y a impulsar de forma prioritaria un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, con el mayor consenso parlamentario posible.
En el caso concreto del bono social eléctrico, la Red pide, entre otras mejoras:
Por último, desde EAPN-ES se pide un acuerdo urgente en materia de migración para garantizar de forma efectiva los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a España en condiciones de máxima precariedad, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes.