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30/04/2025 | EAPN - Actualidad
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, en coherencia con sus valores y con motivo de la conmemoración el próximo 1 de mayo, Día de las Personas Trabajadoras, expone lo siguiente:
El trabajo remunerado y en condiciones dignas constituye uno de los principales factores de protección social y una garantía de lucha frente a la pobreza y la exclusión. Sin embargo, en las últimas décadas, especialmente desde la Gran Recesión de 2008, hemos asistido a un aumento preocupante de las tasas de pobreza laboral: millones de personas pese a tener un trabajo remunerado, no disponen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas.
En España, en 2024, la tasa de pobreza entre la población empleada fue del 11,7 %: cerca de 2,5 millones de personas eran pobres pese a tener un empleo, según nuestro Avance de Resultados del XV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’. Estas cifras vienen a constatar que la intervención exclusiva sobre el empleo no es suficiente para garantizar la reducción de la pobreza, especialmente en el contexto actual donde los salarios no se han incrementado de forma proporcional a los costes de la vida.
La inflación y los precios de acceso a la vivienda y a la energía están lastrando la economía de los hogares, y pese a medidas imprescindibles como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, es necesario avanzar aún más en políticas que mejoren la calidad del empleo y las condiciones laborales y salariales de los segmentos más empobrecidos de la población.
A esta preocupante situación se suma la tasa de temporalidad que, pese a situarse en mínimos históricos, todavía alcanza el 12,7 % (según datos del INE en su última EPA de 2024), la duración media de los contratos sigue descendiendo, lo que indica una precarización estructural que afecta también a la contratación indefinida.
Según el XIV Informe, tener unas condiciones laborales precarias multiplican por dos las posibilidades de caer en la pobreza. Así, disponer de un contrato temporal duplica la probabilidad de ser pobre respecto a quien ha logrado uno indefinido. La misma comparativa se da entre quienes tienen una jornada parcial (22,1 %) y quienes disponen de un empleo a tiempo completo (10,1 %).
La brecha de género sigue siendo una de las principales desigualdades del mercado laboral. Las mujeres presentan una tasa de parcialidad 15 puntos superior a la de los hombres (22 % frente al 7 %), y su salario bruto es un 20 % inferior al de ellos.
A esto se suman múltiples formas de discriminación que dificultan el acceso a un empleo digno: el origen, la etnia, la edad, la orientación o identidad sexual, la discapacidad, haber estado en prisión o residir en zonas rurales, entre otros factores. Es imprescindible seguir apostando por políticas y medidas a favor de la igualdad de oportunidades, y del derecho a un empleo digno, accesible y de calidad, especialmente para los colectivos prioritarios definidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo (artículo 50).
Un problema estructural del mercado laboral en España es el desempleo, con una tasa del 10,6 % a finales de 2024 (INE) que, pese a ser la más baja desde 2008, sigue liderando el ranking de la UE. Destaca el paro juvenil (24,90 % para menores de 25 años) así como el de larga duración. En el caso de personas migrantes el desempleo se situó en un 15 %. Y si hablamos de personas con discapacidad, la tasa aumenta hasta el 19,7 %. De nuevo la brecha de género se evidencia con una tasa del 11,8 % en el caso de las mujeres, frente al 9,5 % de los hombres. En algunos colectivos, como las mujeres gitanas, la cifra puede ascender hasta el 60 %.
Una realidad paralela es la del empleo no regularizado, que no reconoce los derechos laborales ni las garantías legales. Diversos estudios calculan que en España la economía sumergida puede suponer entre un 16 % y un 24 % de su PIB y coinciden en que afecta especialmente a las mujeres (empleadas del hogar, jornaleras, cuidadoras, limpiadoras…). Son personas que enfrentan jornadas abusivas, salarios indignos y despidos arbitrarios. A menudo, estas personas también sufren barreras administrativas, racismo y xenofobia, etc.
Combatir el desempleo, la precariedad y la economía sumergida, así como facilitar el acceso a permisos de residencia y trabajo para personas migrantes, debe ser una prioridad para construir un mercado laboral justo.
Las entidades sociales no solo acompañamos a las personas en situación de vulnerabilidad, sino que también trabajamos para transformar las causas estructurales de estas situaciones. Para ello, es imprescindible el apoyo institucional y de los diferentes agentes sociales, además del fomento de la Economía Social y la implicación activa de las empresas.
En definitiva, es necesario avanzar hacia un mercado laboral justo, accesible e inclusivo, que garantice empleos decentes y de calidad, y que proteja los derechos laborales. Este objetivo está alineado con la Agenda 2030, en especial con la meta 8.8, que promueve entornos laborales seguros y sin riesgos para todas las personas trabajadoras.
El actual contexto internacional plantea amenazas para la recuperación económica y los valores democráticos. Frente a esta situación, desde EAPN-ES exigimos a los poderes públicos y económicos una apuesta firme por el refuerzo de las políticas sociales, y especialmente aquellas que promuevan el trabajo decente, la conciliación (con especial atención a las mujeres) y la protección de las personas trabajadoras autónomas. Lograr un mercado laboral justo, accesible e inclusivo es un paso imprescindible para consolidar un verdadero Estado del Bienestar.