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01/08/2025 | EAPN - Actualidad
Agosto es el mes que tradicionalmente se relaciona con el periodo vacacional en España. Sin embargo, el 33,4 % de la población de nuestro país no pudo irse de vacaciones al menos una semana al año en 2024, según el XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
Esta cifra nos coloca seis puntos por encima de la media comunitaria, que sitúa en el 27 % el porcentaje de ciudadanos de la UE que no pudo pagarse una semana de descanso al año en 2024, según Eurostat. De hecho, entre las cuatro grandes economías europeas, España es el país donde una mayor proporción de personas no puede costearse siete días de disfrute fuera de casa, por delante de Italia (31,4 %), Francia (22 %) y Alemania (20,8%).
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas como un derecho fundamental. Sin embargo, las altas y constantes cifras de pobreza en España constituyen un problema estructural que impide llevar una vida digna a millones de personas, y garantizar derechos básicos, entre ellos el mencionado al descanso.
Para EAPN-ES, la brecha entre quienes pueden acceder a actividades de ocio y descanso se ve afectada por un mercado laboral precario, el aumento del coste de la vida, o la falta de servicios públicos que favorezcan la conciliación en los meses de verano.
Los últimos años, el empleo ha reducido su carácter protector frente a la pobreza, y muchas personas se ven obligadas a compaginar varios empleos, lo que dificulta el derecho a vacaciones, descanso y al ocio. De hecho, el 32,9 % de las personas pobres tiene un empleo. Esta situación se deriva de un mercado laboral atravesado por la precariedad y por salarios que, pese al aumento del salario mínimo interprofesional, no llega para cubrir el aumento del coste de la vida.
Este encarecimiento, debido sobre todo a los efectos de las últimas crisis, se ha visto reflejado en bienes básicos como la alimentación, la energía o la vivienda, reduciendo directamente la capacidad económica de las personas, especialmente de quienes ya partían de situaciones más vulnerables.
A medida que los costes suben, las familias pierden poder adquisitivo, lo que les obliga a priorizar en algunos gastos y a renunciar a necesidades fundamentales. Esta presión constante sobre el presupuesto doméstico y la falta de recursos públicos de ocio y vacaciones limita las posibilidades de disfrutar del descanso, empeora la calidad de vida y agrava las desigualdades sociales.
Por poner datos a esta realidad, señalar la elevada tasa de pobreza severa existente en nuestro país, es decir, los 4,1 millones de personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 644 € al mes por unidad de consumo, según el Informe de EAPN-ES. O la cifra de población que no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto igual o superior a 800 €, más de un tercio (un 35,8 % en 2024). O la que sufre pobreza energética también en verano: 4,2 millones de personas pobres no pueden mantener su vivienda lo suficientemente fresca en los meses estivales, según datos del INE para 2023, los últimos disponibles.
DERECHO AL DESCANSO, JUSTICIA SOCIAL
Sin duda el derecho al trabajo es un elemento fundamental para el cumplimiento de otros derechos humanos, pero resulta imprescindible también garantizar el derecho al descanso y al ocio, como fuentes de participación social y cultural, de desarrollo personal y de salud mental y física.
Para la Red, la vulneración de este derecho está asociada también a la mercantilización del ocio y la menguante oferta de actividades gratuitas o, al menos, asequibles. A ello ayuda la dejadez de los servicios públicos en ofrecer alternativas, lo que impacta en la cohesión social y genera una brecha entre quienes tienen los recursos económicos suficientes para acceder a actividades recreativas y quienes no disponen de ellos.
Para EAPN-ES, el derecho al descanso no sólo ha de ser contemplado desde una lógica monetaria de ingresos y gastos, sino como una cuestión de justicia social. En este sentido, piden apostar por unos servicios públicos que hagan posible su cumplimiento, y que incluyan medidas para aligerar las cargas de cuidados, abrir espacios escolares en los meses estivales, fortalecer las redes comunitarias, y promover ofertas de ocio y cultura públicos y accesibles.
Y, por supuesto, afrontar de forma urgente y estructural las altas y constantes tasas de pobreza y exclusión social en nuestro país, especialmente la pobreza infantil y la severa, con ingresos mínimos durante todo el ciclo vital como estrategia de garantía de derechos para todas las personas.