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27/11/2025 | EAPN - Actualidad
La pobreza y la exclusión social siguen siendo problemas estructurales profundamente arraigados en nuestra sociedad. A pesar de los avances en políticas sociales de los últimos años, millones de personas continúan viendo vulnerados sus derechos básicos cada día. Según el XV Informe El Estado de la Pobreza en España, el 25,8 % de la población —más de 12,5 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Aunque la cifra se ha reducido ligeramente, no ha bajado del 25 % desde hace una década.
Además, estas políticas no están alcanzando la intensidad suficiente para proteger a las personas que viven en condiciones más precarias, lo que cronifica su situación y dificulta las posibilidades de salir de la pobreza. Este hecho se constata con la cifra de personas en situación de pobreza severa, que se ha mantenido constante en 2024 y un punto por encima de 2008: 4,1 millones de personas viven en hogares con ingresos inferiores a 644 € al mes por unidad de consumo, a lo que se suman los niveles alarmantes de pobreza infantil, que afecta a 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes, la tasa más alta de la Unión Europea. Persisten también de forma estructural las desigualdades territoriales, agravadas por el impacto de un mercado laboral precarizado y las dificultades para tener garantizado el derecho a una vivienda. La crisis de vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento, y las medidas para hacer frente a esta problemática siguen siendo insuficientes.
También nos preocupa de forma específica la situación de la juventud, que afronta realidades de vulnerabilidad y frustración que están poniendo en riesgo la cohesión social y el contrato de solidaridad intergeneracional sobre el que se construyó nuestro estado de bienestar, un riesgo de fractura alimentado, a su vez, por los discursos de un populismo extremo y demagogo en auge y cada vez más aceptada entre los más jóvenes a nivel europeo. En España, una de cada cuatro personas jóvenes de entre 16 y 29 años (25,8 %) está en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que refleja los efectos acumulados de desigualdades en las familias en situación de pobreza y que comienzan en edades muy tempranas. De hecho, España presenta la mayor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea, con un 29,2 %, evidenciando el carácter estructural del problema y su impacto directo en las oportunidades educativas, sociales y de salud de niñas, niños y adolescentes. Esta vulnerabilidad se agrava de forma especialmente intensa en las familias monoparentales, más del 50 % de las cuales se encuentra en riesgo de pobreza, y que en su inmensa mayoría están encabezadas por mujeres. La transmisión intergeneracional de la pobreza continúa actuando con fuerza: crecer en un hogar en situación de vulnerabilidad incrementa significativamente la probabilidad de entrar en la niñez y la juventud en situación de exclusión y de arrastrarla a lo largo de la vida adulta.
Según la última encuesta del Eurobarómetro, el aumento del coste de la vida se constata un año más como la principal preocupación de la ciudadanía europea. En el caso de España, el 42 % de las personas considera que la inflación y el encarecimiento de los precios deberían ser la prioridad del Parlamento Europeo, reflejando un malestar persistente ante las consecuencias de las últimas crisis.
En este contexto, la Comisión Europea ha anunciado la puesta en marcha, en 2026, de la primera Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza —así como medidas para un empleo digno y un plan de vivienda asequible—, una reivindicación histórica de la sociedad civil comunitaria que requerirá de un amplio consenso político, de una financiación suficiente y de la participación activa de las personas afectadas para lograr los objetivos de reducción de pobreza que promuevan una Europa más justa, inclusiva y cohesionada.
A estos desafíos, se suman de forma cada vez más evidente los efectos de la crisis ecosocial. En 2025 se cumple un año de la DANA que devastó varias regiones del Estado, especialmente en la Comunitat Valenciana, dejando tras de sí una profunda crisis humanitaria, social y económica. Aquella catástrofe, junto con los incendios y las olas de calor recurrentes, evidencian que las emergencias no son ya episodios aislados, sino las expresiones más devastadoras de una realidad climática estructural, que golpea con más fuerza a quienes ya viven en situación de vulnerabilidad.
Afrontar la crisis ecosocial y las consecuentes situaciones de emergencia exige la apuesta decidida por una transición justa, ecológica y solidaria, que transforme el modelo económico sin dejar a nadie atrás, incorporando la dimensión social, los derechos humanos y la participación de las comunidades afectadas. Esta transición no puede penalizar a quienes ya sufren pobreza o precariedad, sino convertirse en una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, España está llegando tarde a una de las herramientas más importantes para garantizar esa transición justa: el Plan Social por el Clima, destinado a proteger a los hogares vulnerables ante el encarecimiento del transporte y la energía.
Por otro lado, un año más hemos asistido al recrudecimiento y al auge de la aporofobia, una problemática ampliamente desconocida por un amplio conjunto de la ciudadanía, y que intersecciona con otras discriminaciones como el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, o la lgtbifobia. Todo ello, en un contexto marcado por el auge de la intolerancia, muy evidente en episodios como el ocurrido en Torre Pacheco, en Murcia, que ponen en el foco los derechos y la seguridad de la población migrante. La generación de discursos falaces sobre propuestas que llaman a la expulsión o privación de derechos de parte de la población de un país es una medida ilegal que busca polarizar agitando poderosas emociones como el miedo o la rabia y que siguen las estrategias xenófobas y racistas globales frente a las que debemos posicionarnos de forma decidida.
No queremos terminar esta declaración sin expresar de nuevo nuestra firme condena al genocidio que se mantiene en Gaza y al empleo del hambre y de la pobreza como arma de guerra. Reclamamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros que actúen con firmeza para exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario en Palestina y en los diferentes conflictos armados que se dan a lo largo y ancho del mundo. Europa debe posicionarse de nuevo como un faro de defensa de la paz y los derechos humanos.
La paz, la justicia social y la dignidad humana son los pilares de una sociedad cohesionada y democrática. Desde EAPN-ES reiteramos nuestro compromiso con un Estado español y una Europa más inclusivos, solidarios y sostenibles, que no dejen a nadie atrás.
Declaración Institucional Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES)
A Coruña, Asamblea General, 2025