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02/12/2025 | EAPN - Actualidad
Una amplia representación de entidades defensoras de los derechos humanos, asociaciones de consumidores y movimientos sociales que trabajan por la defensa del derecho a la vivienda, observamos con preocupación que, a un mes de la finalización de la moratoria de desahucios, esta medida no se haya ni prorrogado ni ampliado, y que no existan planes de actuación urgente para evitar una previsible y nefasta ola de desahucios sin alternativas.
Durante los últimos 15 años se han realizado 763.127 lanzamientos judiciales (Consejo Gene-ral del Poder Judicial), lo que habría impactado sobre la vida de 1,9 millones de personas. Para evitar una avalancha de desahucios derivados de los efectos socioeconómicos de la pandemia y gracias a la movilización y demandas sociales precedentes, el Gobierno aprobó una serie de normas conocidas como el ‘escudo social’, entre las que cabe destacar una suspensión extraordinaria de los desalojos (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo). Ante el grave problema de acceso y mantenimiento de la vivienda, la moratoria se ha extendido y modificado en diversas ocasiones hasta el próximo 31 de diciembre de 2025.
La suspensión de cerca de 58.000 lanzamientos en cuatro años a través de la moratoria demuestra que es jurídicamente posible diseñar e implementar medidas para evitar que se produzcan desahucios sin alternativas dignas para situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Sin embargo, la falta de claridad de la norma; la arbitrariedad de los jueces para aplicarla, constatada por el propio Tribunal Constitucional; la falta de cobertura de todos los desahucios, como los de las familias vulnerables que han ocupado viviendas vacías después de la pandemia, o los de aquellas inquilinas, como Mari Carmen, con contratos de renta antigua, son algunas de las causas que explican que solo uno de cada cuatro lanzamientos se suspenda.
Por ello no es extraño que en 2024 se ejecutaran 24.306 desahucios y, en los dos primeros trimestres de 2025, 14.673. En caso de finalizarse la moratoria de desahucios, se podrían activar los miles de desalojos suspendidos por esta medida: automáticamente se doblarían o triplicarían los desahucios de familias vulnerables de todas las ciudades.
Con el agravante de que, si bien la moratoria es la primera norma estatal que recoge la obligación de las Administraciones Públicas de realojar a familias en situación de vulnerabilidad, solo se ofrecen medidas de alojamiento alternativo temporal en un 2% de los casos, y tan solo se ofrecen viviendas sociales en un 3% de los mismos (Observatori DESCA, 2024).
Por ello, es fundamental aprobar de forma urgente la conversión de la moratoria en una medi-da de carácter estructural, ampliando su cobertura a todos los desalojos de familias en situación de vulnerabilidad, limitando la arbitrariedad para considerar qué familias son dignas de protección, y asegurando que los informes de servicios sociales son suficientes para acreditar la vulnerabilidad.
Esta suspensión debe servir para garantizar la protección y la seguridad de las familias en riesgo de exclusión residencial: de forma prioritaria, a través de su regularización en las viviendas afectadas con la celebración de nuevos contratos de alquiler respaldados por las Administraciones públicas competentes; y, en caso de no ser posible lo anterior, a través de contratos de alquiler social en el mismo municipio y/o distrito, en función de las circunstancias y teniendo en cuenta las diferencias entre grandes y pequeños tenedores de vivienda.
Además, esta medida debe venir acompañada de la prórroga extraordinaria y urgente de los contratos de alquiler de vivienda en vigor y que están a punto de terminar. De lo contrario, y atendiendo a los precios del mercado de alquiler, no será posible atender los miles de desahucios que se pueden iniciar por finalización de contrato.
Solo así las administraciones podrán cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección del derecho a una vivienda digna, que requieren que no haya ningún desalojo sin antes haber agotado todos los recursos disponibles por parte de las administraciones competentes, que los mismos no se produzcan cuando hace mal tiempo y que en el caso de que se lleven a cabo desalojos, las administraciones deben ofrecer vivienda alternativa adecuada para personas que no cuentan con recursos para acceder a otra vivienda. Ninguna persona se puede quedar en la calle con motivo de un desalojo.
Como propuesta de mínimos si la moratoria no se mejora antes que finalice, exigimos que se prorrogue por el tiempo suficiente para trabajar dicha propuesta y para diseñar e implementar un plan de actuación urgente para asegurar el realojo digno de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes a través de la puesta en marcha, entre otras, de fondos suficientes vinculados al Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la SAREB, especialmente ante el anuncio de la venta de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión.
Con el presente manifiesto, firmado por entidades diversas y ampliamente representativas de la sociedad civil comprometida con los derechos humanos en el estado español, queremos alertar a toda la sociedad sobre la situación de gravísimo riesgo habitacional al que nos enfrentaremos este mismo mes de diciembre, en pleno invierno y Fiestas de Navidad.
Por todo ello, nos dirigimos al Gobierno en pleno y a todos los Grupos y Diputados/as del Congreso, para que se comprometan y actúen con urgencia. Exigimos responsabilidad y compromiso con el derecho a la vivienda de miles de familias.
Ni un desahucio más. Anticipémonos a una mayor crisis habitacional que se puede y debe evitar con soluciones estructurales para superar la emergencia residencial.
