Este sitio web utiliza cookies, propias y de terceros, para garantizar el funcionamiento de la web, personalizar el contenido y recabar información sobre la navegación y comportamiento del usuario. Puedes aceptar el uso de cookies o configurar sus preferencias, así como obtener más información en nuestra Política de Cookies.
Configuración
EAPN-Flash.¡Suscríbete a la actualidad de la red!
¡Haz tu donación contra la pobreza!
28/01/2026 | EAPN - Notas de prensa
EAPN-ES valora muy positivamente la aprobación el pasado martes de un Real Decreto que establece una regularización extraordinaria para personas extranjeras en situación administrativa irregular en España, una medida largamente reclamada por la sociedad civil y que supone un avance fundamental en la garantía de derechos, la inclusión social y, por consiguiente, la lucha contra la pobreza. La decisión, que se aprobará mediante real decreto, recupera el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular por la regularización, respaldada por más de 700.000 firmas e impulsada por Regularización Ya y demuestra la fortaleza del tejido social y del trabajo conjunto de movimientos sociales, organizaciones y ciudadanía.
Desde la Red se subraya que esta regularización constituye una herramienta imprescindible para combatir la pobreza, ya que la irregularidad administrativa es un factor que genera exclusión social y cronifica la precariedad. La falta de autorización de residencia y trabajo limita gravemente el acceso al empleo digno, a la vivienda, a la protección social y a otros derechos básicos, empujando a miles de personas a situaciones de pobreza severa.
POBREZA Y PROCESO MIGRATORIO: UNA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL
Los datos del XV Informe 'El Estado de la Pobreza' de EAPN-ES evidencian que las personas migrantes afrontan mayor riesgo de pobreza, sin embargo, este riego no es consecuencia del hecho migratorio en sí, sino de las desigualdades estructurales y de las barreras en el acceso efectivo a derechos que encuentran en el país de acogida. Este mayor riesgo se traduce en que más del 50 % de las personas de nacionalidad extracomunitaria en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, una tasa que más que duplica la de la población española. Entre las personas con nacionalidad comunitaria, este riesgo también es significativamente más elevado, situándose en torno al 35 %.
EAPN-ES quiere enfatizar que estas cifras responden a barreras estructurales que condicionan el acceso a derechos, recursos y oportunidades. La pobreza es el resultado de procesos de exclusión social acumulada que condicionan las trayectorias vitales y limitan las posibilidades de desarrollo personal y familiar. De hecho, más del 70 % de las personas en situación de pobreza en España son de nacionalidad española, lo que indica que la pobreza no tiene origen en la migración, sino en la falta de acceso efectivo a derechos.
La irregularidad administrativa intensifica estas desigualdades al restringir el acceso al empleo con derechos, a la protección social y a una vivienda adecuada, empujando a muchas personas a la economía informal, a condiciones laborales precarias y a situaciones de inestabilidad residencial.
A estas barreras estructurales se suman la discriminación, el racismo y la xenofobia, que agravan las situaciones de exclusión y pobreza que afectan a muchas personas migrantes. Estas prácticas limitan el acceso efectivo a derechos básicos como el empleo digno, la vivienda, la protección social o los servicios públicos, y condicionan las oportunidades vitales desde etapas tempranas. La persistencia de estereotipos y prejuicios normalizan la desigualdad y dificultan los procesos de inclusión social, generando un círculo de exclusión que trasciende la situación administrativa y afecta también a las trayectorias familiares y comunitarias. Desde EAPN-ES se subraya que abordar la pobreza exige combatir la discriminación racial y étnica, garantizando la igualdad de trato y el pleno ejercicio de derechos como base de una sociedad cohesionada.
REGULARIZAR ES GARANTIZAR DERECHOS Y COHESIÓN SOCIAL
Tal y como señala el XV Informe 'El Estado de la Pobreza' de EAPN-ES, la pobreza y la exclusión social se intensifican cuando se analizan las condiciones de vida de las personas nacidas fuera de España en función de su acceso a la nacionalidad. Aunque las tasas de pobreza siguen siendo elevadas entre quienes han adquirido la nacionalidad española, debido a la persistencia de otras barreras estructurales y a la discriminación, la diferencia es muy significativa en comparación con quienes no la tienen. En concreto, el 36,8 % de las personas de origen extracomunitario que han accedido a la nacionalidad española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 54,0 % entre aquellas que no la han adquirido.
Estos datos no deben interpretarse de forma aislada, sino como un acercamiento al impacto que tiene la regularización de la situación administrativa en el acceso efectivo a derechos, y, con ello, en la mejora de las oportunidades y de las condiciones de vida. El hecho de que una persona pueda encontrarse en situación administrativa regular sin haber adquirido aún la nacionalidad española refuerza la idea de que estas cifras representan un mínimo, pero aportan indicios claros de la importancia de la regularización como paso imprescindible para salir de la exclusión y reducir el riesgo de pobreza.
MIGRACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA POBREZA: UNA DEUDA GENERACIONAL PENDIENTE
La pobreza, además, se transmite de generación en generación con mayor intensidad en los hogares de origen migrante, como consecuencia de las desigualdades estructurales, a los procesos discriminatorios y a las barreras en el acceso a derechos y oportunidades. Haber crecido en un hogar con origen extracomunitario duplica la probabilidad de ser pobre en la edad adulta, lo que evidencia que la exclusión no se limita a una generación, sino que condiciona las trayectorias vitales de hijas e hijos desde la infancia.
En este contexto, la situación administrativa juega un papel determinante: la falta de derechos limita el acceso a empleo digno, vivienda adecuada, protección social y educación, reforzando un ciclo de precariedad que se hereda.
La regularización de la situación administrativa y el acceso efectivo a derechos mejoran las condiciones de vida de las personas migrantes en el presente y constituyen un factor de justicia social intergeneracional.
MIGRAR ES UN DERECHOS RECONOCIDO POR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
Desde EAPN-ES se insiste en que migrar es un derecho humano y que todas las personas tienen derecho a una vida digna, con independencia de las razones que las lleven a emprender un proceso migratorio.
Detrás de cada decisión de migrar hay trayectorias vitales marcadas, en muchos casos, por la falta de oportunidades, la desigualdad, la violencia, los conflictos, las persecuciones o los impactos del cambio climático, y en otros por el deseo de desarrollar un proyecto personal o familiar y ampliar horizontes vitales y profesionales. En ninguno de los casos, puede abordarse desde la estigmatización ni desde la excepcionalidad, sino desde el reconocimiento pleno de los derechos humanos y de las obligaciones éticas y legales que conlleva.
Este derecho está reconocido en instrumentos internacionales fundamentales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece en su artículo 13 que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia, así como en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que reconoce y protege los derechos de las personas migrantes y de sus familias.
La garantía de los derechos humanos se concreta en condiciones materiales de vida dignas: acceso a una acogida adecuada, a empleo con derechos, a una vivienda segura, a la protección social, a la educación y a la salud, así como a procedimientos administrativos garantistas. La proliferación de discursos racistas, xenófobos y de desinformación no solo deshumaniza a las personas migrantes, sino que legitima la exclusión y dificulta el acceso a derechos, alimentando situaciones de pobreza y vulnerabilidad evitables. Por ello, EAPN-ES subraya que la regularización extraordinaria es una medida clave para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, reforzar la cohesión social y garantizar que ninguna persona quede condenada a la precariedad por su origen o por su situación administrativa.
Proteger derechos no es una opción política, sino una responsabilidad colectiva y una condición indispensable para una sociedad justa y cohesionada.