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05/02/2026 | EAPN - Actualidad
La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) ha elaborado el Avance de Resultados de su XVI Informe Anual ‘El Estado de la Pobreza’, construido a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este 5 de febrero. El documento recoge tanto la tasa AROPE -personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social-, como sus diferentes componentes: tasa de riesgo de pobreza, la carencia material y social severa y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo.
Según el Avance, el riesgo de pobreza o exclusión social se mantiene igual respecto al año anterior y alcanza al 25,7 % de la población residente en España, unos 12,6 millones de personas. La tasa de pobreza se sitúa en el 19,5 % con lo que encadena tres años seguidos de reducción lenta pero continuada: alrededor de 9,6 millones de personas viven en pobreza, es decir, con ingresos inferiores a 12.220 € anuales por unidad de consumo (1.018 € al mes).
Desde EAPN España valoran de forma positiva que no se haya producido un empeoramiento de los datos, especialmente con la mejora en tasas como las de pobreza infantil (del 29,2 % en 2024 al 28,4 % en 2025) o entre personas jubiladas (del 13,9 % en 2024 al 13 % en 2025). Sin embargo, desde la Red muestran preocupación por las dificultades para reducir unas cifras de pobreza que afectan al 25 % de la población desde hace más de una década. Se trata de un suelo que no consiguen reducir ni el crecimiento macroeconómico ni las cifras récord de empleo de 2025.
LA VIVIENDA: FACTOR CLAVE DE POBREZA
Especialmente grave es la situación de pobreza para aquellas personas en régimen de alquiler. Cuatro de cada diez personas en nuestro país (43,6 %), que viven de alquiler a precio de mercado, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Además, los datos del Avance señalan la relación entre el pago de un alquiler y la carencia material y social severa: el número de personas que no puede hacer frente a bienes necesarios y que vive de alquiler es el triple en comparación con quienes disponen de vivienda en propiedad (17,8 % frente al 5,1 %, respectivamente).
La población con menos ingresos se ve abocada al alquiler, situación que, frente al alza continuada de los precios, repercute en la calidad de vida de las familias, limitando su capacidad de gasto: 63,9 % de las personas en alquiler tuvo dificultades para llegar a fin de mes.
Estos datos se publican en pleno debate por la prórroga del decreto que paraliza los desahucios de familias vulnerables, incluido en el Escudo Social. En este sentido, desde EAPN España urgen a los grupos parlamentarios a convalidar la moratoria para impedir que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional, una medida que, según señalan desde la Red, “debe tener un carácter estructural”.
A su vez, reclaman “responsabilidad pública de las instituciones estatales, regionales y locales” para que impulsen políticas de garantía de vivienda de las familias en situación más vulnerable. Entre ellas, fomento del alquiler social o el control del precio de los alquileres. Además, es necesario incrementar el parque de vivienda pública que en nuestro país solo alcanza un 2,5 % frente al 9 % de la media europea.
URGE ABORDAR LA POBREZA INFANTIL DE FORMA ESTRUCTURAL
En la Red muestran especial preocupación por los datos de pobreza infantil, que en 2024 ya nos situaron a la cabeza de la Unión Europea. Aunque en 2025 mejoran todos los indicadores de la Tasa AROPE para la población menor de 18 años, las cifras siguen siendo muy altas. En España, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestro país: 2,7 millones.
Además, la mejora no se produce por igual en todos los hogares. Las familias monoparentales mantienen, un año más, datos muy elevados de pobreza: la mitad se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (50,6 %). “La reducción de la pobreza infantil es claramente positiva, pero seguimos con unos niveles altísimos asociados a la falta de apoyo a las rentas de las familias”, explica Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.
Pese las constantes apelaciones por parte de EAPN España y otras organizaciones del Tercer Sector y de la Sociedad Civil para hacer frente a esta grave problemática, siguen sin implementarse políticas efectivas para las familias con niñas, niños y adolescentes como la prestación universal por crianza, que ya está en activo en otros países de la Unión Europea. Tal y como señala el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus recomendaciones a España publicadas hoy, 5 de febrero, esta medida es la forma de avanzar hacia una respuesta progresiva y suficiente para las familias.
ESCUDO SOCIAL ESTRUCTURAL: UN PACTO CONTRA LA POBREZA
Desde EAPN España advierten que la cronificación de la pobreza “no es una buena noticia” en un contexto de crecimiento económico y de cifras récord de empleo. “Se debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar una vida digna a millones de personas. Necesitamos políticas más intensas, más extensas y estructurales”, señala Carlos Susías.
El Congreso de los Diputados rechazó el pasado 27 de enero el Real Decreto-ley ‘ómnibus’ que prorrogaba diversas medidas de protección social y económica esenciales para 2026, en ámbitos como vivienda, pobreza energética, pensiones, empleo y fiscalidad.
La caída del decreto dejó en el aire instrumentos de protección social para millones de personas, que se estaban consolidando como eficaces en la contención de las cifras de pobreza, como ha demostrado el XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES. Además, esta situación pone en riesgo también la garantía de continuidad del salario mínimo prevista para proteger a la población con sueldos más bajos hasta la fijación del SMI de 2026, en un contexto en el que cerca de 2,5 millones de personas viven en situación de pobreza pese a tener empleo, según el XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN España.
En las próximas semanas volverán al Pleno del Congreso dos de estas medidas con dos Decretos, uno con la revalorización de las pensiones y otro con las medidas del Escudo Social. En este sentido, desde la Red apelan a todas las fuerzas parlamentarias a tener “altura de miras” e instan no solo a aprobar estos decretos, también a “mejorar y consolidar” las medidas incorporándolas como estructurales en el Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza -paralizado en la Cámara Baja-, junto a políticas fiscales más redistributivas, garantizar el derecho a la vivienda, y aprobar de forma urgente la prestación universal por crianza.
LA SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Avance incluye también un primer abordaje de la situación por Comunidades Autónomas. Se constata un año más la brecha territorial, con las regiones con mejores datos al norte, y aquellas con cifras más elevadas de pobreza y exclusión social al sur.
Esta brecha entre unas y otras mantiene una España dividida en el eje norte-sur con grandes desigualdades, en una horquilla muy amplia que, en el caso de la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social, va desde el 14,7 % del País Vasco hasta el 34,7 % en Andalucía, más del doble, pese a haberse reducido el riesgo de pobreza y/o exclusión social en la región andaluza.
Para EAPN-ES, la desigualdad entre regiones determina la calidad de vida de la población en función del lugar donde viva, lo que exige la máxima colaboración entre las diferentes Administraciones si se quiere garantizar la cohesión territorial.
Las diferentes Administraciones a nivel estatal, autonómico y local deben desarrollar, de forma conjunta, mayores políticas de inversión social. Entre otras iniciativas, es necesario que se complemente de forma decidida el ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas, garantizar el derecho de acceso y mantenimiento de la vivienda, y políticas de cohesión territorial.