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31/03/2026 | EAPN - Notas de prensa
El nivel de ingresos limita las condiciones de vida de los hogares más vulnerables en ámbitos como la salud bucodental, el acceso a médicos especialistas, la rehabilitación energética de las viviendas o la movilidad. Así lo revelan los módulos sobre energía, medio ambiente y salud de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se han publicado este lunes 30 de marzo.
Según los datos, las familias con menos recursos afrontan mayores dificultades a la hora de llevar a cabo la rehabilitación energética de sus viviendas. Así, cuatro de cada diez hogares con los ingresos más bajos (41,0 %) necesitan mejorar la eficiencia energética, frente al 25,3 % de los hogares con ingresos más altos. En el caso de viviendas en propiedad, el principal obstáculo para acometer mejoras de eficiencia energética es el coste económico: el 76,2 % señala que es “muy caro”, valor que asciende hasta el 83,8 % entre los hogares con menos ingresos.
“Quienes menos tienen, son también quienes viven en peores condiciones, con más dificultades para mejorar su situación”, ha señalado José Javier López, director de EAPN España, sobre los resultados de la Encuesta.
Desde la Red, recuerdan que las condiciones de las viviendas están estrechamente vinculadas a la pobreza energética, una problemática que se ha agravado desde 2019. Según el Avance de Resultados del XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN España, publicado el pasado mes de febrero, la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno ha pasado del 7,6 % el 15,9 %, un total de 7,8 millones de personas en 2025 (creció un 110 % desde 2019).
En este sentido, y en lo relativo a medidas de vivienda y energía, desde EAPN España instan a garantizar que las ayudas a la rehabilitación lleguen de forma efectiva a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, que son quienes presentan mayores necesidades de mejora de la eficiencia y están más expuestos a la pobreza energética.
DESIGUALDAD EN EL ACCESO AL TRANSPORTE
En materia de movilidad, persisten importantes desigualdades en el acceso a medios de transporte. Aunque el coche es el medio más utilizado (53,5 %), casi cuatro de cada diez hogares con menores ingresos no disponen de vehículo, frente a uno de cada diez en los hogares con mayor renta. Esta cifra aumenta en municipios pequeños, donde el uso del coche alcanza el 73,5 % debido a la escasez de alternativas de transporte público. A su vez, las personas de menos ingresos recurren en mayor medida al transporte público ―para el 29,6 % es su medio más frecuente, frente al 25,4 % de la población total―, y a los desplazamientos a pie (22,0 % vs. 16,3 %).
Frente a esta realidad, desde EAPN España piden apostar por un sistema de transporte público adecuado, asequible y eficiente, que garantice la cobertura territorial y atienda especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, facilitando el acceso a oportunidades laborales, educativas, sanitarias, culturales y de ocio.
PLAN SOCIAL PARA EL CLIMA FRENTE A LA POBREZA ENERGÉTICA Y DE TRANSPORTE
Los datos de energía y movilidad ofrecidos por la ECV se asocian con la pobreza energética, pero también con la denominada pobreza de transporte. Se trata de una problemática que, tal y como recoge la Ley de Movilidad Sostenible aprobada a finales del año pasado, viene determinada por la incapacidad o dificultad para hacer frente a los costes del transporte público o privado o la falta de acceso o acceso limitado a medios que permitan disfrutar de servicios y actividades socioeconómicos esenciales para una buena calidad de vida (teniendo en cuenta el contexto social y territorial).
Para hacer frente tanto a la pobreza energética como de transporte, desde EAPN España instan a avanzar “de manera urgente” en la aprobación del Plan Social para el Clima, que se encuentra actualmente en elaboración. Se trata de un instrumento fundamental para asegurar que la transición hacia una economía descarbonizada sea justa, apoyando a los hogares vulnerables y usuarios del transporte afectados por los nuevos precios del carbono en sectores como la edificación y el transporte por carretera. La aprobación del Plan resulta imprescindible para proteger a las personas en situación vulnerable ante el aumento del coste de los combustibles fósiles y así evitar que la pobreza energética y de transporte aumente durante la transición.
En este sentido, José Javier López apunta a la “oportunidad” que ofrece la aprobación del Plan para apostar por una “transición ecosocial” que mejore las condiciones de vida del conjunto de la población, “siempre que incorpore de forma central la lucha contra la pobreza y la desigualdad”.
LIMITACIONES EN LA SALUD BUCODENTAL Y ESPECIALISTAS
El segundo módulo publicado por el INE aborda cuestiones relativas al ámbito de la salud y su relación con los ingresos de los hogares. Según los resultados de la Encuesta, los gastos sanitarios constituyen una carga cada vez mayor para las familias con menos recursos: en 2025, para el 8,4 % de los hogares estos gastos representan una carga pesada, frente al 7,0 % en 2022. Este hecho se produce en un contexto de incremento generalizado del coste de la vida, que no está siendo compensado por un aumento equivalente de los ingresos, particularmente entre los hogares más vulnerables.
Estas dificultades se dan también en familias con menores y en aquellos hogares en los que la persona de referencia ha nacido en un país extracomunitario. Además, el bajo nivel de ingresos restringe también el acceso a condiciones de vida saludables, afectando a aspectos como la alimentación o a la práctica deportiva.
Las desigualdades se evidencian, a su vez, en el acceso a servicios sanitarios con cobertura pública limitada: las personas con mayores ingresos acuden con más frecuencia a especialistas y dentistas (68,1 % y 67,4 %, respectivamente) que aquellas con menores ingresos (50,4 % y 42,3 %). Asimismo, los hogares con menos recursos soportan una mayor carga en gastos como la atención dental (20,2 % frente a 13,3 %) y los medicamentos (8,5 % frente a 4,2 %).
Desde EAPN España se subraya la necesidad de reforzar la sanidad pública para garantizar el derecho efectivo a la salud, asegurando el acceso a especialistas y a la salud bucodental, especialmente para las familias en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
ESCUDO SOCIAL ESTRUCTURAL: UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA POBREZA
Los datos publicados por la ECV se recogieron en 2025, cuando se encontraban aún en vigencia medidas del denominado Escudo Social en materia de vivienda y pobreza energética ―como la moratoria antidesahucios o la garantía de suministros para familias vulnerables―, cuya renovación fue rechazada en el pleno del Congreso en 26 de febrero.
Pese a que el Escudo Social ha sido clave para evitar que miles de familias entrasen en situación de pobreza y/o exclusión social en las últimas crisis, lo cierto es que las cifras se han mantenido altas y constantes, afectando al 25 % de la población desde hace más de una década. Se trata de un suelo que no consiguen reducir ni el crecimiento macroeconómico ni las cifras récord de empleo de 2025.
Para EAPN España, esta situación se debe al carácter coyuntural de las medidas sociales que, sin duda, “han operado como mecanismo de contención, evitando un deterioro mayor en escenarios de crisis”. Sin embargo, no están siendo lo suficientemente extensas ni intensas para reducir las cifras de pobreza ni garantizar unas condiciones dignas a la población en ámbitos como la vivienda, la salud, el acceso a la energía y a bienes básicos, o la garantía de ingresos.
En este sentido, y frente al actual contexto de incertidumbre económica y social derivado de la guerra en Irán, desde la Red han valorado positivamente los dos Decretos anticrisis aprobados por el Gobierno en materia de energía y vivienda, el primero ya convalidado por el Congreso. Sin embargo, muestran especial preocupación por la falta de ayudas directas a familias vulnerables ante el aumento de la inflación y el previsible rechazo al Real Decreto-Ley que incorpora medidas en materia de vivienda, un ámbito crítico para miles de familias.
Desde la EAPN España piden “altura de miras” a todas las fuerzas parlamentarias y la convalidación del Real Decreto de vivienda, así como “retomar y consolidar” las medidas del Escudo Social incorporándolas como estructurales en el Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza ―paralizado en la Cámara Baja―, junto a políticas de transición ecosocial y fiscalidad justas, garantizar el derecho a la vivienda, y aprobar de forma urgente la prestación universal por crianza.