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28/04/2026 | EAPN - Notas de prensa
El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la convalidación del Real Decreto que incluía la prórroga de los alquileres, tras confirmarse los votos en contra del PP, Vox y Junts.
La medida formaba parte del paquete de políticas económicas aprobadas por el Gobierno para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, y paliar el agravamiento de la crisis de vivienda que atraviesa España. En concreto, el Decreto incorporaba una congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga de dos años de los contratos, pensada para los 600.000 contratos potencialmente afectados que se firmaron en 2021 y que expiran ahora, los cuales podrían registrar incrementos fuertes al renovarse.
El rechazo a este Decreto se suma a la caída de la moratoria antidesahucios que incorporaba el Escudo Social, cuya ampliación fue también invalidada el pasado mes de febrero. En este contexto, desde la Coalición #NiUnDesahucioMás ―de la que forma parte EAPN España junto a más de un centenar de organizaciones―, advierten del “contexto desolador para el derecho a la vivienda”.
De hecho, en los próximos meses podría producirse un “tsunami de desahucios”, por la activación de los 70.000 lanzamientos paralizados, más todos los desahucios invisibles que se produzcan por los alquileres no acogidos a la prórroga.
EL ACCESO A LA VIVIENDA, FACTOR CLAVE DE POBREZA
Para EAPN España, la caída de la moratoria antidesahucios y la prórroga de alquileres agravarán la crisis de vivienda que atraviesa el país, afectando especialmente a aquellos hogares que ya atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que se están viendo excluidos de la agenda política.
De hecho, desde la Red muestran especial preocupación ante la reticencia constante de algunas fuerzas parlamentarias de impulsar políticas sociales que garanticen el derecho a la vivienda ―un ámbito crítico para miles de familias―, que ya eran urgentes antes de darse la actual coyuntura internacional.
Las investigaciones de EAPN han constatado cómo el acceso y mantenimiento de la vivienda se ha convertido en un factor clave de empobrecimiento en nuestro país: cuatro de cada diez personas (43,6 %) que viven de alquiler a precio de mercado se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según el Avance de Resultados del XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN España.
A esto se suma la falta de medidas concretas para personas en situación de vulnerabilidad dentro de las propuestas del Gobierno y de los grupos parlamentarios.
Para EAPN España, el Plan Estatal de Vivienda ―aprobado en el Consejo de ministros el pasado 21 de abril―, no garantiza plenamente el enfoque de derechos para quienes están en mayor riesgo de exclusión y su aplicación puede dejar fuera a personas en pobreza severa, infravivienda, discriminación residencial o situación administrativa irregular.
En el caso de la Proposición de Ley de vivienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la entidad muestra preocupación por el riesgo de desprotección institucional que pueden sufrir las familias con menores ingresos. La medida endurece la protección frente a desahucios, reduce los umbrales de vulnerabilidad económica de 3 a 1,5 veces el IPREM, acorta los plazos de suspensión de los procedimientos de lanzamiento y no pone ningún tipo de freno a la subida de los alquileres.
POLÍTICAS DE VIVIENDA CON LA EXPERIENCIA DE LAS PERSONAS EN POBREZA
Para EAPN España, garantizar el derecho a la vivienda debe ser una prioridad central no solo como medida anticrisis, sino como un pilar clave dentro del Pacto Estatal contra la Pobreza que sigue paralizado en el Congreso. Desde la Red piden “altura de miras” a todas las fuerzas parlamentarias para abordar la actual crisis de la vivienda, y contar con las personas en situación de vulnerabilidad en el desarrollo de políticas en este ámbito.
En este sentido, la Entidad organizó los días 22, 23 y 24 de abril en Ciudad Real el XIX Encuentro Estatal de Participación, junto a su red territorial de EAPN Castilla-La Mancha.
Un centenar de personas con experiencia en pobreza de todo el Estado trabajaron propuestas en materia de acceso a la vivienda que trasladaron a representantes institucionales. Entre ellas, movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler asequible, reforzar la intervención pública en el mercado para frenar el alza de los precios, así como enfrentar el fraude inmobiliario que sufren especialmente las personas en situación de vulnerabilidad. A su vez, instaron a prevenir los desahucios y asegurar alternativas habitacionales inmediatas, además de simplificar el acceso a ayudas y mejorar el acompañamiento social.