La Comisión Europea recomienda a España implementar la Garantía Infantil y reforzar el Ingreso Mínimo Vital
28/08/2025
La Comisión Europea ha publicado un análisis para diez Estados miembros de la UE –entre ellos España-, dentro de la segunda fase del Marco de Convergencia Social, de acuerdo con las nuevas normas de gobernanza económica de la UE. El Informe, que se enmarca en el Semestre Europeo de 2025, aborda los principales retos económicos y sociales en ámbitos como empleo, pobreza o vivienda, y ofrece recomendaciones para preservar la justicia social y garantizar una sociedad cohesionada y una economía que genere un crecimiento sostenible e inclusivo. En el caso de España, en el ámbito de lucha contra la pobreza y la exclusión social el trabajo hace hincapié en la tasa de pobreza infantil, la más alta de la UE con 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes pobres, según el XV Informe El Estado de la Pobreza de EAPN-ES. En este sentido, recomienda acelerar la implementación de la Garantía Infantil y reforzar el Ingreso Mínimo Vital como herramientas para reducir esta problemática, mejorando la coordinación entre ámbitos competenciales para que estas medidas lleguen a tiempo a quienes más lo necesitan. La Comisión señala también las desigualdades regionales, y recomienda impulsar políticas sociales con enfoques más adaptados a la realidad de cada territorio, atendiendo de forma específica a la situación de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. MÁS VIVIENDA SOCIAL Y POLÍTICAS DE EMPLEO La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía española, según las últimas encuestas del CIS, una problemática que afecta en mayor medida a la población en situación de vulnerabilidad. Según el XV Informe El Estado de la Pobreza de EAPN-ES, el acceso a una vivienda se constató en 2024 como un factor de empobrecimiento y desigualdad para una gran parte de la población, debido especialmente a la crisis de los precios de los alquileres. De hecho, el gasto en vivienda se lleva más de un tercio de los ingresos de las personas pobres (35,5 %). Esta realidad también ha sido objeto de análisis en el Estudio de la Comisión Europea, que señala de forma específica la escasez de vivienda social en nuestro país, que representa solo el 1,5 % del parque total frente al 9 % de media europea. En este sentido, se recomienda aumentar la oferta de vivienda social y asequible, priorizar el acceso para jóvenes y familias con bajos ingresos, y reforzar la financiación pública y el uso de suelo público. En materia de empleo, el Informe de la Comisión avances como la mejora en la ejecución de los fondos de cohesión y el aumento del empleo en el sector de la construcción, el comercio o en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, confirma que España sigue enfrentando retos estructurales en tasas de desempleo. GARANTÍA DE INGRESOS, CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Para EAPN-ES, resulta imprescindible reforzar los sistemas de garantía de ingresos, tal y como recomienda la Comisión, ya que han demostrado ser una herramienta imprescindible en la lucha contra la desigualdad. En este sentido, la entidad organizó el pasado mes de mayo en Santander el VI Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde se abordaron propuestas en esta materia que deben centrar las políticas sociales de la actual legislatura del Parlamento Europeo. En este sentido, y frente a las altas y constantes tasas de pobreza a nivel europeo -93,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024 según Eurostat-, desde la Red urgen a impulsar una Directiva Marco vinculante sobre una Renta Mínima Adecuada. Apelan, además, por una estrategia en España que asegure un nivel mínimo de ingresos para todas las personas durante todo el ciclo vital, y consolidar un sistema estatal de rentas mínimas que combine el IMV con las rentas autonómicas Respecto al IMV, y en la senda de las recomendaciones de la Comisión, se trabajaron propuestas para mejorar el diseño y el acceso a la prestación, entre ellas establecer un sistema que calcule las cuantías de la prestación en base a los ingresos recientes y no a los del año anterior, revisar los requisitos para el acceso de jóvenes y de personas migrantes independientemente de su situación administrativa, o reducir las trabas burocráticas.'>
