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Rentas Mínimas

Análisis de EAPN España del último Informe sobre Rentas Mínimas de Inserción 2018

En 2018, apenas el 7,6% de las personas en riesgo de pobreza percibieron una renta mínima

31/10/2019 | EAPN

El Informe sobre el Sistema de Rentas Mínimas 2018, difundido ayer por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, demuestra una disminución, por tercer año consecutivo, del número de hogares en riesgo de pobreza que reciben la renta mínima de inserción. Este sistema de rentas mínimas es la última red de protección para quienes han agotado el resto de los recursos existentes.

En 2018 se beneficiaron 100.000 personas menos que en 2017, es decir, casi 20.000 hogares menos, pese a que la tasa de riesgo de pobreza se mantuvo prácticamente estable en este periodo —solo cayó seis décimas, del 19,7% al 19,1%. El número de perceptores de las rentas mínimas pasó de 779.000 en 2017 a 679.000 en 2018.

En 2015, el año en que se alcanzó el máximo de beneficiarios, recibían esta renta 323.000 hogares. En 2018 fueron 293.000. En 2015, el 8,7% de las personas en riesgo de pobreza recibieron una renta mínima de inserción; en 2018 fueron apenas el 7,6% de las personas en riesgo de pobreza. Entre 2017 y 2018 se redujo también el número de personas dependientes de la persona perceptora de rentas mínimas, al aumentar los hogares unipersonales sobre el total.

A pesar de que el gasto destinado a las rentas mínimas se multiplicó por 6,6 desde 2002 hasta 2018, la tendencia actual es descendente, con una reducción de 1.545 millones de euros a 1.519 millones entre 2017 y 2018.

Los sistemas de rentas mínimas ahora atienden también “in-work poverty”, no sólo personas en pobreza de larga duración o en exclusión social, sino personas trabajando en empleos precarios, sin derecho a protección social. Las rentas mínimas requieren de un largo proceso burocrático, que difiere mucho según los territorios y, en algunos, es una carrera humillante de obstáculos para las familias. En la mayoría de las comunidades autónomas percibir la renta mínima sigue siendo incompatible con tener un empleo, aunque éste sea temporal, estacional o a tiempo parcial.

EL PERFIL DE LAS PERSONAS PERCEPTORAS

El año pasado, 293.302 personas fueron titulares de una renta mínima, de las cuales cerca de 177.817 eran mujeres (60,6%) y 11.485 hombres (39,4%). Se confirma la tendencia a la feminización de las personas perceptoras de rentas mínimas, que se sitúa en un cuadro más amplio de feminización de la pobreza en España, después de la crisis.

La mayoría de las personas perceptoras son españolas (205.722, el 74,6%) y el resto extranjeras (70.044 con el 25,4%), sobre un total de datos de 275.766.

En cuanto al nivel de estudios de las personas perceptoras, predominan las que tienen estudios primarios, seguidos de la Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, destacan 27.221 personas sin estudios y, en particular, 11.808 con estudios universitarios, de los cuales el 58,6% son mujeres y el 41,3% son hombres.

De acuerdo con la composición del hogar, siguen predominando los hogares unipersonales (107.627, con el 46,7%), seguidos por los hogares monoparentales (52.999, con el 24,4%), encabezados por mujeres (95,2%) en su gran mayoría. En tercer lugar, están los hogares biparentales (44.738 con el 19,4%).  En total, se registran datos para 230.418 hogares.

Las personas sin hogar que están percibiendo una renta mínima llegan al 12.444, sobre un total estimado de 33.000 existentes en el país. Al no eliminarse el requisito de la antigüedad en el empadronamiento local para poder solicitar y obtener la renta mínima, sigue siendo casi imposible que las personas sin hogar puedan acceder a una renta mínima, a pesar de que son el perfil de mayor exclusión.

La cuantía básica media fue de 463,05 euros al mes, frente a los 449,08 euros de 2017. Resulta sorprendente que la Ciudad de Ceuta siga manteniendo una cuantía mínima de 300 euros mensuales y que la cuantía máxima, de 420 euros, no llegue siquiera a la media estatal. El País Vasco tiene la cuantía mínima más elevada, con 644,5 euros mensuales. Navarra posee la cuantía máxima más alta, con 1.221,6 euros mensuales.

Con respecto a la tasa de cobertura por cada 1000 habitantes, las diferencias también son abismales. El País Vasco (32,9), Navarra (24,8) y Asturias (21,7) hacen los mayores esfuerzos. En el plano opuesto, están Castilla La Mancha (1,7), Andalucía (2,1) y Ceuta (3,1).

AUMENTO DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

En 2018 se registró un aumento de las ayudas que otorgan mayoritariamente los ayuntamientos y las provincias, llamadas “de emergencia social”. El 53,2% fue destinado a mujeres (243.940) y el 46,8% a hombres. Las ayudas medias fueron de 189,13 euros.

Este tipo de ayudas está muy concentrado en la Comunidad Valenciana y Andalucía. En la Comunidad Valenciana hubo 438966 perceptores, con 82.672.888 euros. En Andalucía se llegó a 355.020 perceptores (80,8%) y un volumen de gasto de 32.885.619 euros.

Se trata de ayudas puntuales, al comedor, a la vivienda, a la alimentación, etcétera, que tratan de paliar los huecos dejados por el sistema de protección de las rentas mínimas.

POSICIÓN DE EAPN ESPAÑA

Por las razones analizadas, y otras que se mantienen en el tiempo, (relativas a la gestión ineficiente, la discrecionalidad, las disparidades de criterios y de nivel de protección, a la falta de conexión con la empleabilidad y con la formación de las personas perceptoras, la incompatibilidad de las rentas mínimas con las pensiones alimenticias, las pensiones de orfandad o el empleo) EAPN considera imprescindible que se apruebe una ley estatal de garantía de rentas, basada en unos acuerdos básicos sobre las cuantías en relación con los gastos familiares, los niveles de cobertura y el impacto esperado con respecto a la situación de pobreza y exclusión social, a fin de garantizar igualdad de derechos a todas las personas, con independencia de dónde vivan.

Cada día es más urgente dotar de contenidos específicos y presupuesto a la Estrategia Nacional contra la Pobreza aprobada el pasado mes de marzo, así como una Ley Básica de Servicios Sociales.

Esto requerirá acuerdos sobre el modelo, la financiación y el papel de las Comunidades Autónomas. Las entidades sociales, que trabajamos directamente con las personas afectadas, tenemos mucho que aportar en este debate.

También proponemos que se establezca una Directiva Marco a nivel de la UE sobre un sistema de rentas mínimas que establezca un suelo de ingresos para todas las personas, dentro de la UE.

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