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Rentas Mínimas

Sólo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de rentas mínimas de las comunidades autónomas

Según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

06/11/2020 | EAPN

Sólo el 8 por ciento de la población bajo el umbral de la pobreza en España, en total 697.124 personas, se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas, según se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Las diferencias entre comunidades son importantes, ya que País Vasco y Navarra, tienen porcentajes que suponen el 70 por ciento y el 63 por ciento respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas bajo el umbral de la pobreza.

Del resto, sólo cuatro comunidades garantizan porcentajes superiores al 10 por ciento –Baleares, Aragón, Cataluña y Castilla y León– y las otras nueve restantes no alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2 por ciento.

La cuantía media por perceptor de las rentas mínimas de inserción en el conjunto de España supone el 17,1 por ciento de la renta media por hogar en España, aunque ha experimentado un incremento desde el 13,7 por ciento de 2018 al 17,1 por ciento de 2019.

Extremadura con un 23,1 por ciento, es la comunidad autónoma cuyos perceptores de renta mínima de inserción perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su comunidad. Le siguen Cataluña y Comunidad Valenciana con unas cuantías superiores al 20 por ciento de la renta media de su territorio. Esto significa que los perceptores RMI de estas 3 comunidades se les garantiza 1 de cada 5 euros de la renta media de su comunidad.

Sólo otras cinco comunidades superan el 15 por ciento (Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León y País Vasco). Por el contrario, dos comunidades tienen un porcentaje mínimo, Murcia (10 por ciento) y Baleares (7,2 por ciento). 

 

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