Este sitio web utiliza cookies, propias y de terceros, para garantizar el funcionamiento de la web, personalizar el contenido y recabar información sobre la navegación y comportamiento del usuario. Puedes aceptar el uso de cookies o configurar sus preferencias, así como obtener más información en nuestra Política de Cookies.
Configuración
EAPN-Flash.¡Suscríbete a la actualidad de la red!
¡Haz tu donación contra la pobreza!
22/02/2021 | EAPN - Actualidad
Eva Serrano Sánchez es Fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado. Hasta hace unas semanas era la asesora en el Ministerio de Justicia en cuestiones relativas a delitos de odio. Se encargó de organizar el curso sobre la materia para las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, así como de dirigir la elaboración de un protocolo sobre delitos de odio para estas Oficinas. Hoy responde a las preguntas de EAPN Flash y nos ayuda a comprender cómo es la delicada línea roja de los delitos de odio y cuál debería ser la función de los medios de comunicación y del Tercer Sector de Acción Social para favorecer su erradicación.
Empecemos por el principio y defínanos qué es un delito de odio.
El delito de odio se ha prestado a un buen número de definiciones, pero entre ellas encuentro particularmente pedagógica la acuñada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE): “toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido, se elige por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Un grupo se basa en una característica común de sus miembros, como su “raza”, real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, u otro factor similar”. Es empleada por gran parte de los operadores involucrados en la erradicación de esta lacra y resulta tan concreta como amplia.
Si tuviera que describir los tipos de delitos de odio que se producen en España ¿cómo sería la fotografía?
Según las estadísticas del Ministerio del Interior, más del 80% de los delitos de odio detectados en el año 2019 tuvieron motivaciones ideológicas, racistas, xenófobas y de orientación sexual e identidad de género. Estos marcos específicos engloban la mayor parte de estas conductas, si bien eso no resta importancia a los delitos en cuya raíz están el sexo o el género, las creencias y las prácticas religiosas, la discapacidad, el antigitanismo, la aporofobia, la discriminación generacional, la enfermedad o el antisemitismo.
Nos comentan que en España este tipo de delitos se denuncia poco ¿estamos ante la punta de un iceberg que no alcanzamos a vislumbrar o está más controlado de lo que pensamos?
Desde luego es complejo y delicado hacer valoraciones cuantitativas sobre hechos no denunciados, pues las metodologías de investigación social afrontan enormes dificultades para aproximar estos escenarios. No obstante, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sitúa la cifra sumergida de este tipo de delitos alrededor del 80%, lo que en cualquier caso nos dibuja un contexto muy preocupante de infradenuncia.
¿Qué debe hacer una persona que se siente agredida por cualquier mensaje o delito de odio?
Poner esos hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los Juzgados o de la Fiscalía. Asimismo, las personas afectadas por estas conductas también pueden acudir a las Oficinas de Asistencia de las Víctimas de Delitos, que se encuentran en los juzgados. A través de esta herramienta recibirán asesoramiento especializado y acompañamiento, tanto si quieren denunciar los hechos como si deciden no hacerlo. No cabe duda que denunciar los hechos delictivos es importante para evitar su impunidad, pero más importante aún es que la víctima se sienta acompañada y conozca todos los derechos que la asisten.
Desde EAPN España entendemos que detrás de muchas actitudes discriminatorias y delitos de odio está el rechazo a las personas por su situación de pobreza. ¿En qué momento estamos para que la aporofobia sea considerada como delito de odio o como agravante de discriminación?
El anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia incluye expresamente la aporofobia y la exclusión social como motivos discriminatorios dentro del marco de los delitos de odio. Esta reforma legislativa, de tener lugar, supondrá un gran avance en la lucha contra esta tipología delictiva.
Yo no discrimino pero… desde alquilar un piso hasta entrar a una cafetería o en una discoteca, el mensaje del odio y la discriminación está en parte de nuestra cotidianidad, y se cuela, siendo especialmente grave, en el discurso político y en el de algunas instituciones, o en los mensajes e hilos de las redes sociales y también en el lenguaje mediático ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión?
Esto no tiene una respuesta sencilla y prueba de ello es el inmenso debate jurídico, social, político y cultural que suscita. Cada caso concreto debe ser estudiado individualmente para determinar si los hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio o no. La libertad de expresión es una de las bases fundamentales de una sociedad democrática saludable, pero obviamente no puede amparar la comisión de delitos, entre ellos los de odio.
¿Cuál debería ser el papel de los medios de comunicación en la tarea de erradicación de los mensajes y actitudes discriminatorias?
Los medios de comunicación y la prensa libre son pilares maestros de la democracia, tanto como fuentes de información plural como a través de su enorme capacidad para generar espíritu crítico en la ciudadanía. Sin unos medios de comunicación amparados por la libertad de expresión, el Estado de derecho no sería tal cosa. Son generadores de debate y creadores de opinión. Esta relevancia, por supuesto, lleva aparejada una inmensa responsabilidad social en favor de la sana convivencia. Por tanto, son un estamento clave a la hora de denunciar las conductas de odio y divulgar una cultura de respeto y pluralidad entre sus audiencias.
La creación de las Oficinas de Atención a las Víctimas en los juzgados de toda España es sin duda una excelente noticia ¿Cómo podemos apoyarlas? ¿Qué debe mejorar en el mundo judicial, un espacio aún desconocido para las organizaciones del Tercer Sector, para impulsar la lucha contra el odio y la discriminación?
Difundiendo su existencia en general, y en particular entre las víctimas de delitos de odio reacias a denunciar. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos atienden a todas las personas víctimas de delito con independencia de que quieran denunciar o no: escuchan, asesoran y prestan asistencia psicológica y, en caso de que finalmente estas personas decidieran denunciar, las acompañarán durante todo el proceso penal. Las organizaciones del Tercer Sector especializadas en esta materia suelen entrar en contacto temprano con personas afectadas por delitos de odio, por lo que tienen la ocasión propicia para dirigirlas hacia estas herramientas tan valiosas. Es un hecho que debido a su complejidad y contexto el mundo judicial es observado con cierto recelo por parte de la ciudadanía. Se percibe como un entorno burocrático y frío, pero lo cierto es que la accesibilidad es extraordinariamente superior a la que se presupone. No hay que olvidar nunca que se trata de un servicio público.
Y por último, ¿qué sinergias deberíamos establecer desde el Tercer Sector para mejorar adecuadamente en este fin?
Mejorar la cooperación entre los distintos operadores. Los actores implicados debemos tejer una red útil y tenaz para que las víctimas frenen su caída sin daños y consigan remontar su situación. Cuando una víctima entra en contacto con cualquiera de los operadores, los servicios disponibles deberían actuar de forma sincronizada y sinérgica, aprovechando las fortalezas y recursos de cada parte de manera eficaz y eficiente. La víctima debe hallarse acompañada en este proceso tan delicado de principio a fin, sin confusiones o trances burocráticos que la desorienten o pierdan. Es fundamental el compromiso cotidiano entre instituciones y Tercer Sector para seguir en este camino de mejora continua.