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16/04/2021 | EAPN - Actualidad
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) celebra la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados del Dictamen de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), una ley demandada durante muchos años por las organizaciones de Infancia, así como por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
El proyecto aprobado este jueves en el Pleno del Congreso, tras introducir más de 200 enmiendas de las casi 600 presentadas y más de 70 transaccionales, a su paso por la Cámara Baja, continuará ahora su tramitación en el Senado.
Destacan especialmente las medidas dirigidas a prevenir la violencia implicando a toda la sociedad, a reforzar la escucha a los niños y niñas y a evitar la revictimización que pueden sufrir cuando se inicia el procedimiento judicial.
"Desde EAPN-ES valoramos especialmente las medidas que visibilizan la magnitud del problema de la violencia, ya que ofrecen garantías a los niños, niñas y adolescentes (NNA) y a las personas que colaboran en su bienestar, cubriendo las principales carencias de la legislación estatal vigente y armonizando criterios con las Comunidades Autónomas", señala Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política de la Red.
EAPN-ES también destaca la regulación de las situaciones de riesgo y desamparo de los NNA, en las que la pobreza de progenitores o tutores ya no será la única causa motivadora para la adopción de medidas.
El dictamen aprobado por el Congreso ha incorporado avances como el aumento del plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 35 años, y no 18 como ocurre actualmente. En este sentido, desde la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) recomiendan aumentar este plazo hasta los 40 años.
En este sentido, la Plataforma de Infancia insiste en la importancia de que en el trámite de la LOPIVI en el Senado se incorporen enmiendas para reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental, reforzar las garantías ante las retiradas de tutelas, eliminar la condición de autoridad al personal de los servicios sociales, prohibir los desnudos en los procedimientos de determinación de la edad, así como que se refuerce la prueba preconstituida hasta los 17 años, de forma que los niños y niñas, en caso de intervenir en un procedimiento judicial, tengan que declarar una sola vez, evitando su revictimización.