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Entrevistas EAPN

"El Tercer Sector está jugando un papel clave durante esta pandemia, llegando donde las administraciones públicas en ocasiones no llegan"

EAPN-ES entrevista al secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez

27/04/2021 | EAPN

Nos sentamos con Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, para analizar el impacto de la pandemia en los colectivos más vulnerables un año después del decreto del estado de alarma, que situó a millones de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. La aprobación de medidas como el Ingreso Mínimo Vital han servido para minimizar este impacto. Pero queda mucho por hacer...

Acaba de cumplirse un año desde que se decretó la pandemia de la COVID-19, que ha afectado especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, ¿qué medidas se han tomado para paliar esta situación?

Desde el mismo momento en el que se decretó el primer estado de alarma, el gobierno aprobó un Escudo Social para paliar los efectos de las restricciones adoptadas para frenar la propagación del virus. Por ejemplo, se desarrollaron inmediatamente dos fondos destinados a reforzar los servicios sociales y asegurar el derecho a la alimentación de los niños y niñas de familias más vulnerables, se pusieron en marcha los ERTE para proteger los empleos, y se adoptaron medidas como la moratoria hipotecaria, el aplazamiento temporal en el pago de alquileres y la prohibición de los cortes de suministros. También se atendió por primera vez, de forma específica, al colectivo de las trabajadoras domésticas, y se desarrollaron subsidios extraordinarios de desempleo para trabajadores con contratos temporales.

Finalmente, la pandemia impulsó definitivamente el reconocimiento de un nuevo derecho social, como es el Ingreso Mínimo Vital. En conjunto, queda claro que la forma en que este gobierno ha abordado esta crisis sanitaria ha sido muy diferente a la que se adoptó en la década pasada durante la crisis financiera.

¿Cuáles son los principales retos en el contexto actual y a medio plazo en materia de derechos sociales?

El haber adoptado estas medidas durante el último año no significa que no seamos conscientes de que queda aún mucho por hacer para evitar que las consecuencias de la pandemia acaben suponiendo un grave deterioro para las personas más vulnerables, o que no haya que mejorar la implementación de medidas como el Ingreso Mínimo Vital. El gobierno trabaja en ello, y trabaja también para asegurar la mejora de derechos como la atención a la dependencia.

En general, esta Secretaría de Estado está impulsando una ambiciosa agenda de refuerzo de diversos derechos sociales: los de la infancia (a través de la aprobación de la LOPIVI), los derechos de todas las familias (a través de la futura Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias), los de las personas con discapacidad (adaptando la legislación civil y procesal a la Convención de las Naciones Unidas), los de las personas mayores (mediante un fuerte impulso al sistema de cuidados de larga duración) o los del conjunto de la población (a través de la ley de vivienda que estamos impulsando).

En relación a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, ¿qué medidas concretas se contemplan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía para luchar contra esta realidad?

Para empezar, ya es una buena noticia que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia haya incluido un eje específico dedicado a reforzar los servicios sociales en general, y los cuidados de larga duración en particular. El refuerzo de los servicios sociales se centrará en la mejora de la atención a través de la introducción de nuevas tecnologías y la puesta en marcha de proyectos innovadores. En los Presupuestos Generales del Estado ya estamos financiando la ampliación directa de prestaciones, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirá reforzar estas prestaciones mediante la puesta en marcha de nuevas inversiones que mejoren los sistemas de servicios sociales.

En este sentido, ¿qué impacto ha tenido y está teniendo el Ingreso Mínimo Vital en la lucha contra la pobreza severa?

La introducción del IMV supone el reconocimiento de un nuevo derecho ciudadano que asegurará la protección contra la pobreza severa en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, y que además podrá ser complementado por las comunidades autónomas. Incluso reconociendo que quedan cosas por mejorar en la gestión del IMV y en la definición de los criterios de acceso, no cabe duda de que es un salto adelante histórico en la protección social en España.

El pasado 15 de abril durante la jornada ‘Experiencias de mayores durante la pandemia: la necesidad de un cambio en el modelo sociosanitario'’ que organizó EAPN-ES, afirmó que "uno de los grandes retos de nuestra sociedad es poder envejecer y envejecer bien”, ¿qué medidas está poniendo en marcha el gobierno para ello?

El gobierno de Rajoy, con la reforma del 2013, desvinculó la revalorización de las pensiones de la evolución de la inflación. Este gobierno se ha comprometido a volver a restablecer ese vínculo, para asegurar que los pensionistas mantienen su capacidad adquisitiva. Además, en los Presupuestos Generales del Estado aprobados las pensiones no contributivas han crecido el doble de la inflación, ganando capacidad adquisitiva y reduciendo la brecha respecto a las pensiones contributivas.  Estos mismos presupuestos han incorporado un aumento de 600 millones de euros para impulsar un Plan de Choque en el sistema de Dependencia, que implicará una importante reducción de las listas de espera, junto con una mejora de las prestaciones y servicios ofrecidos.

Asimismo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla más 1500 millones de euros durante los próximos tres años en inversiones específicamente orientadas a transformar nuestro modelo de cuidados a las personas mayores, fomentando la teleasistencia avanzada y un modelo residencial centrado en una atención más personalizada.

Otra de las grandes problemáticas específicas de España es su tasa de emancipación juvenil, de las más tardías de la Unión Europea. Nuestra juventud se emancipa de media a los 29,5 años, y lo hace en condiciones de muchísima dificultad, además, es el grupo de edad con mayor riesgo de pobreza y/o exclusión. ¿Cómo revertir esta realidad tan acuciante que afecta al presente y al futuro del país?

La crisis sanitaria ha afectado especialmente a las personas mayores, pero es cierto que en términos económicos son los jóvenes quienes más están sufriendo las consecuencias sociolaborales de esta pandemia. La ejecución de los fondos de la UE abrirá nuevas oportunidades laborales en sectores económicos de futuro que serán cruciales para los jóvenes. No obstante, es necesario que estas oportunidades se vean acompañadas de una estrategia de reducción de la precariedad laboral –cuestión que ya el gobierno discute con los interlocutores sociales–, y de medidas para garantizar el acceso a la vivienda.

Por último, ¿cuál debe ser la función del Tercer Sector en la reconstrucción social tras la pandemia?

El Tercer Sector está jugando un papel clave durante esta pandemia, llegando donde las administraciones públicas en ocasiones no llegan, y complementando así la tarea de los Servicios Sociales públicos. Además, su experiencia sobre el terreno les proporciona un profundo conocimiento de la realidad de la pobreza y la exclusión social en nuestro país, siendo una fuente de información muy valiosa para que las administraciones públicas orientemos adecuadamente nuestras políticas.

Foto: @DaniGagoPhoto

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