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25/05/2021 | EAPN - Actualidad
En 2020, la COVID-19 impactó violentamente en nuestras vidas, también en nuestros bolsillos y por supuesto en los mercados y en el modelo económico mundial. En España, hemos retrocedido años y las situaciones de vulnerabilidad social se han multiplicado, mientras los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital responden a modo de flotador de piscina en un mar de fondo, salvando vidas que se mantienen en condiciones y contexto de incertidumbre y dificultad. Nuestro país ha perdido más de 100.000 habitantes en el último año, nuestra economía se contrajo casi un 11 %, el consumo de los hogares se redujo un 12 % y se destruyeron más de 960.000 jornadas a tiempo completo.
Ahora, a las puertas del verano de 2021, muchas personas se han montado en una ola colectiva que prevé hacer borrón y cuenta nueva con el fin de comenzar la recuperación post-pandémica. Pero no podemos iniciar otra etapa sin plantear cambios que se adecuen al nuevo contexto. El modelo económico y laboral no funcionaba con equidad ni antes de la pandemia ni durante la misma, y tampoco lo hará cuando haya terminado, a menos que hagamos una revisión profunda.
Buena parte del empleo que se genera en España es deficiente y precario, y a un 13 % de la población empleada ya no le sirve para salir del riesgo de exclusión. Pero si se ejerce en condiciones de dignidad el trabajo resulta fundamental para combatir la pobreza. Asimismo, se ha de tener en cuenta que muchas personas, por diversas circunstancias, parten de unas condiciones de desventaja social y requieren de un apoyo específico.
Aunque España no ha cumplido con los objetivos de la Agenda 2020, que le comprometía a reducir de forma más significativa el riesgo de pobreza o exclusión social, nos encontramos ahora en contexto de COVID-19, a las puertas de la post-pandemia, como un país con zapatos nuevos. Incorporamos la nueva Agenda 2030, el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Carta Social Europea, revisada de 1996 y ratificada recientemente por España, y la aplicación de los fondos europeos.
Y en este marco, ¿cómo podría sacarnos de la pobreza el empleo del futuro más próximo? Es un debate muy oportuno, pero no nuevo. En la Guía de Inserción sociolaboral de las personas vulnerables la EAPN España (EAPN-ES) plantea cuestiones relevantes y prioritarias desde la perspectiva de los derechos sociales y la lucha contra la pobreza y/o exclusión social. Antes de que la COVID-19 se instalara en nuestros hogares, el 25,3 % de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone 11,8 millones de personas, y aunque las cifras oficiales del impacto de la pandemia en la realidad de pobreza en España no las tendremos claras hasta probablemente 2022, podemos afirmar con total seguridad que ha sido demoledor.
En su Guía, EAPN España apunta claves y propuestas necesarias para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, desde el ámbito del empleo, en nuestro país. La adecuación de las remuneraciones de las personas trabajadoras (aunque se ha incrementado el SMI) y la creación de empleos de calidad siguen constituyendo un gran desafío. En segundo lugar, se debe abordar más seriamente el grave problema de la falta de empleo decente, incluyendo las “nuevas formas de empleo” (sin derechos laborales). Por lo tanto, a fin de recuperar ese contrato social, se debe impulsar el trabajo digno, con acceso a derechos y sin discriminación, en condiciones saludables, con remuneración suficiente y protección social.
Es imprescindible priorizar la inversión de las políticas activas de empleo con respecto a las mujeres, las personas jóvenes y otros grupos con especiales dificultades: población inmigrante, gitana, con discapacidad, con baja cualificación, sin hogar, paradas de larga duración, apoyando un desarrollo medioambientalmente sostenible y nuevos modelos productivos como la economía social, solidaria, circular, etc. Además, son necesarias políticas integrales, ya que el mecanismo por excelencia para aumentar la empleabilidad es mejorar la oferta y el acceso a capacitación y formación.
Se debe combatir de forma eficaz la pobreza y la exclusión social y terminar con un importante problema transversal como es la desigualdad entre hombres y mujeres en el empleo, con aspectos como la brecha salarial, el techo de cristal, la diferenciación entre sectores laborales masculinizados o feminizados, la mayor tasa de desempleo de las mujeres y la falta de políticas de corresponsabilidad y conciliación laboral.
Otros problemas relevantes que señala la Guía son la pobreza en el trabajo (las llamadas “personas trabajadoras pobres”), la precarización y la temporalidad. La flexiseguridad actual adoptada tras la reforma laboral de 2012 no remedia la precariedad laboral ni la temporalidad. También nos situamos a la cabeza del paro y la precariedad del empleo juvenil en Europa con una tasa de desempleo para las personas jóvenes menores de 25 años superior al doble de la general.
Se deben poner en marcha políticas para eliminar la discriminación por razón de edad, sexo, discapacidad, identidad y expresión de género, orientación sexual, etnia o religión, estableciendo un mecanismo claro y sencillo de denuncias por parte de las personas afectadas, recursos públicos de control suficientes y un régimen sancionador eficaz y disuasorio.
Con el objetivo de reducir las actuales tasas de paro de larga duración que afectan a determinados grupos sociales, es imprescindible potenciar las políticas activas en favor de las personas con mayor riesgo de exclusión laboral, incentivando su contratación con cuotas de reserva de mercado, mejorando su empleabilidad y articulando medidas de prevención. También se deben incluir las prestaciones por hijos/as a cargo, para reforzar las rentas familiares de las personas trabajadoras, especialmente las que tienen ingresos por hogar inferiores al umbral de la pobreza.
Se deben establecer medidas contra el empleo precario y ultra-precario, así como sobre los falsos autónomos, formatos que fomentan la existencia y el crecimiento de la tasa de trabajadores/as pobres. En este sentido, también es necesario homologar el régimen del servicio doméstico a los regímenes generales de la Seguridad Social en materia de aportes y derechos.
Para facilitar la incorporación laboral de personas con responsabilidades familiares, se deben poner en marcha los servicios de conciliación entre el cuidado (de la infancia, personas dependientes y mayores) y el empleo. Otra línea importante está relacionada con el apoyo a iniciativas de fomento del emprendimiento individual o colectivo, dentro de la economía social, solidaria y circular.
Las políticas de empleo deben buscar la cohesión social y territorial, actuando intensamente en determinados territorios, particularmente en el medio rural, a fin de aumentar la tasa de empleo y el desarrollo local y regional.
PROPUESTAS QUE EAPN-ES SEÑALA EN SU GUÍA PARA SEGUIR AVANZANDO EN LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD
La gran extensión del paro no puede hacer olvidar que existen grupos de personas que se han enfrentado siempre a especiales dificultades en el acceso al empleo, porque nunca se han tomado medidas adecuadas; por eso, es muy importante trabajar en la disminución de esas barreras. En este sentido, EAPN-ES apunta una treintena de propuestas:
1. Fomentar el emprendimiento y la creación de empresas
1. Facilitar el acceso al crédito para circulante de las pequeñas y medianas empresas. Mejorar los microcréditos y el apoyo a la creación, consolidación y sostenibilidad de los nuevos proyectos.
2. Potenciar la iniciativa emprendedora mediante el establecimiento de políticas y objetivos tendentes a impregnar de actitud emprendedora la orientación profesional y laboral en la enseñanza, de manera que la economía social y el autoempleo se inserten realmente en los planes de formación reglada y profesional.
3. Fomentar el emprendimiento tutelado (para reducir el índice de fracaso).
4. Apoyar a la juventud emprendedora con salario base-social y dos años exentos de impuestos.
5. Agilizar los procesos administrativos para trabajar por cuenta propia entre la población inmigrante y la tramitación de la modificación de autorización de trabajo por cuenta ajena a cuenta propia y viceversa.
2. Apoyar la contratación
6. Favorecer la incorporación al empleo mediante recursos generalizados de conciliación que permitan combinar trabajo y vida familiar. Vincular las ayudas a la contratación a medidas que favorezcan la conciliación.
7. Mejorar el sistema de Intermediación laboral con las empresas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo de las personas con escasas redes sociales y bajo capital relacional.
8. Mejorar el funcionamiento de los sistemas de formación profesional dual y de acceso al empleo de la juventud más vulnerable, especialmente de las/os jóvenes con baja cualificación o que abandonaron los estudios.
9. Incentivar el empleo sin penalizar el Ingreso Mínimo Vital, ni las prestaciones económicas autonómicas.
10. Revisar las políticas activas de empleo y establecer otras nuevas para favorecer el acceso al mismo de las personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, riesgo de pérdida o en los márgenes de la exclusión socio-laboral. Por ejemplo, ayudas a la contratación, incluso para los empleos temporales. Eliminar diferencias territoriales.
3. Potenciar la economía social
11. Continuar fomentando y potenciando el sector empresarial de la economía social especialmente para la creación de nuevas empresas de inserción, nuevas empresas sociales y nuevos centros especiales de empleo, de iniciativa social, que generen empleo en colectivos que presentan dificultades de acceso al mercado laboral.
12. Continuar mejorando y ampliando los conceptos de “cláusulas sociales” y “reserva de mercado”. Incentivando a que las empresas y las administraciones públicas contraten a personas en situación de exclusión y/o subcontraten parte de su producción con empresas de inserción y con centros especiales de empleo de iniciativa social.
13. Dar apoyo y diseñar planes de recuperación empresarial para empresas de economía social con dificultades o que actúen en sectores en crisis, o en mercados más tradicionales o muy competitivos. Esto es especialmente importante en el medio rural, por sus negativas repercusiones en el desarrollo de la capacidad de emprender.
14. Potenciar y estimular el papel de las empresas de economía social en la red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante la implantación de medidas que eliminen los obstáculos actuales para el desarrollo de estas actividades económicas.
15. Promocionar en los programas de desarrollo local la colaboración con las empresas de economía social existentes en el territorio. Impulsar el reconocimiento del papel de la economía en las estrategias para el desarrollo local.
16. Fomentar el autoempleo colectivo como fórmula de creación de empleo estable.
17. Articular mecanismos para que las empresas de economía social trabajen en consonancia y colaboración con las organizaciones no gubernamentales a fin de crear sinergias beneficiosas para los colectivos y grupos de población atendidos.
4. Luchar contra la economía sumergida
18. Dar continuidad al trabajo iniciado con el Plan Director por el Trabajo Digno 2018-2020. La economía sumergida afecta a los puestos de menor cualificación que son los desempeñados por las personas con menos recursos, por lo que ha de ser combatida con una combinación de campañas, supervisiones y controles específicos, en los que se pongan de manifiesto los beneficios a medio y largo plazo del trabajo desarrollado con la protección social adecuada. Las acciones deben destinarse tanto a empresas como a potenciales trabajadores/as.
19. Eliminar o reducir significativamente las cargas fiscales a los salarios más bajos, para que el salario neto disponible aliente a más personas a emplearse formalmente.
20. Luchar contra la evasión fiscal. Utilizar prioritariamente esta recaudación para financiar proyectos sociales.
5. Mejorar la empleabilidad
21. Mejorar los sistemas de formación ocupacional y reconocer los programas formativos-ocupacionales desarrollados por el Tercer Sector, impulsando que estos puedan adaptarse a las exigencias del catálogo de las ocupaciones para la adquisición de las competencias profesionales. Es necesario regular las prácticas formativas no laborales para que no se produzca un uso indebido de las mismas.
22. Plan de formación específico para jóvenes entre 16 y 24 años “expulsados” del sistema educativo y, por tanto, de difícil inserción laboral. El plan debe vincular formación e incentivos económicos de manera que pueda atraer a las personas jóvenes desempleadas y con baja cualificación.
6. Explorar nuevos yacimientos de empleo
23. Hacer posibles procesos formativos adecuados para las nuevas ocupaciones relacionadas con la protección social a las personas y familias que lo necesitan. Deben estar acompañados de las transferencias financieras necesarias para llevar a cabo una inclusión activa.
24. Invertir en investigación y desarrollo de nuevos yacimientos de empleo y profesiones emergentes: empleos en el sector de la economía circular, “empleos verdes”, profesiones digitales, etc.
25. Utilizar observatorios de empleo para el diagnóstico pormenorizado del grado de empleabilidad con el que cuentan las personas en situación de mayor vulnerabilidad y para hacer investigaciones sobre necesidades de empleo y formación en diferentes sectores.
26. Dotar de más recursos y diseñar itinerarios eficaces para la búsqueda y mantenimiento del empleo, conforme a las demandas de los diversos mercados de trabajo (rural o urbano, local, autonómico, estatal).
27. Promover itinerarios personalizados y adaptados a las potencialidades, incluyendo compromisos para el logro de ciertos objetivos por todas las partes implicadas (formación-empleo, permanencia-aprovechamiento y actitud-compromiso).
28. Desarrollar planes de actuaciones con las personas que han perdido recientemente su puesto de trabajo, para su rápida reincorporación al mercado laboral.
29. Desarrollar planes de contratación para “reactivar” a las personas que sufren desempleo de larga duración. Cualquier persona que lleva más de 18 meses en paro debe tener un trabajo digno.
7. Impulsar el papel del Tercer Sector en la creación de empleo
30. Potenciar la colaboración-cooperación entre las Administraciones Públicas y las entidades sociales. Es necesario el diálogo y la cooperación, pero también la denuncia de legislación y/o actuaciones que no son las óptimas, así como de sus consecuencias concretas.
31. Reivindicar el papel de las entidades sociales en la creación de empleo. Avanzar en la medición de las acciones, en especial en la medición del impacto social, económico y en el empleo. Se debe garantizar la consolidación y sostenibilidad del sector.