La emancipación aplazada de la juventud en España

28/06/2021 | EAPN - Actualidad

Las personas adultas entre 16 y 30 años en España están pagando los platos rotos de las últimas dos grandes crisis, la de 2008 y la de 2020. Lo hemos visto en los informes sobre el Estado de Pobreza que publicamos en EAPN-ES durante la última década, donde se identifica como el grupo de edad en situación de mayor riesgo de pobreza y/o exclusión social desde 2012, soportando picos de tasa AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion) por encima del 38%, como fue en 2015 cuando se registró el mayor riesgo de pobreza y/o exclusión de la juventud de toda la serie estudiada hasta la fecha.

Los últimos datos oficiales indican que antes de la pandemia, en 2019, un 31,7% de la población joven en España se encontraba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, esto es 8,9 puntos porcentuales superior a la tasa AROPE registrada en 2008, cuando el riesgo de pobreza y/o exclusión de nuestra juventud se situó en el 22,8%. Once años después de la crisis, casi una de cada tres personas jóvenes en nuestro país se mantenía en una situación de elevada vulnerabilidad que la COVID-19 ha venido a empeorar.

Aunque no contaremos con datos oficiales del impacto real de la pandemia hasta 2022, nuestras entidades registran a diario el empeoramiento preocupante de la situación de la juventud dada su falta de experiencia laboral, su situación laboral precaria, sus bajos ingresos, la brecha digital y/o las dificultades de acceso a la vivienda que hacen que la emancipación se convierta en verdadero privilegio, un sueño aplazado o desplazado, no alcanzable para la mayoría de la población joven en España.

No hay sociedad que pueda vislumbrar su futuro con claridad, mientras el presente de su juventud resulte tan crítico. Y no hay políticas que resulten efectivas, mientras no contemos con la voz propositiva y la participación activa de nuestra juventud, especialmente de la que parte con mayores desventajas y experimenta en primera persona los rigores de la pobreza, la exclusión, la discriminación y la invisibilidad.

Desde la EAPN-ES ponemos especial énfasis en la realidad y la necesaria participación de la juventud con mayores dificultades, con el fin de que la incidencia social y política obtenga el impacto más preciso en términos de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ejemplo de ello son algunas de las publicaciones que editamos recientemente, entre las que destacamos tres: la Guía de buenas prácticas para mejorar la gobernanza, la participación política y ciudadana de la juventud vulnerable, Políticas y legislaciones públicas contra el desempleo juvenil: Análisis del impacto en España; y Buenas prácticas, aprendizajes y retos de entidades sociales que desarrollan programas de educación y empleo con jóvenes vulnerables.

Asimismo, el 9 de junio organizamos en Valencia el Seminario “Situación socioeconómica y laboral de la juventud vulnerable debido al impacto de la COVID-19”, y hoy mismo, 29 de junio, celebramos en Madrid el #3 Encuentro estatal de diálogo estructurado con la participación de jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad de toda España con el fin de generar propuestas de cambio social y mejora de las políticas públicas. En los sucesivos encuentros y seminarios organizados desde EAPN-ES, la juventud ha marcado un camino claro. Hoy mismo, debaten propuestas en torno a empleo y educación, vivienda, género e igualdad y cultura y ocio.

Los y las jóvenes participantes hablan de la necesidad de sensibilizar a las empresas para promover el primer empleo y la contratación de jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad; de establecer la gratuidad de determinados carnets profesionales, así como del fomento de la participación de las mujeres en oficios predominantemente masculinos. Otras de sus propuestas en materia de empleo van enfocadas hacia una formación más práctica como la FP dual que se promueve en otros países; así como al abaratamiento de los precios de las autoescuelas o a la creación de becas para la obtención del carnet de conducir, y del transporte público.

Respecto al acceso a la vivienda lanzan propuestas como la regulación del precio de los alquileres, el abaratamiento de los costes de la luz, agua y gas y ayudas económicas para independizarse a cambio de voluntariado para la comunidad. También proponen, entre otras cuestiones, que los trámites de las ayudas de alquiler sean más sencillos y rápidos, así como una oferta pública de pisos compartidos para jóvenes estudiantes a partir de viviendas vacías en propiedad de los ayuntamientos y, en ese sentido, llegar a acuerdos que permitan a cambio de arreglarlas poder pagar alquileres más bajos.

A su vez, ponen el foco sobre el ocio seguro y saludable, la reducción de la brecha digital y los discursos del odio, y en el acceso gratuito a algunas actividades y espacios culturales mediante el Carné Joven Estatal. Consideran importante reducir el estigma social que existe hacia la enfermedad mental, así como asegurar la atención sanitaria gratuita y de calidad en materia sexual y reproductiva superando el modelo de planificación familiar.

Hablan de mejorar la asistencia sanitaria en zonas rurales así como la atención primaria en general, de fomentar hábitos saludables en la alimentación en los colegios y de la creación de programas de nutrición y asesoramiento más allá de los centros educativos además de promover una sanidad pública universal sin burocracia e incluir la asistencia pública en odontología y oftalmología.

También destacan medidas en materia de género e igualdad como trabajar desde el sistema educativo la Educación Emocional, aplicación por parte de las empresas y entidades los planes de igualdad, mejores medidas de conciliación en el ámbito laboral, dar mayor visibilidad a la mujer en campos como el audiovisual, campañas de sensibilización sobre el buen trato o igualar el deporte femenino al masculino, entre otras.

Sin duda, son cuestiones y propuestas interesantes que las personas con responsabilidad política podrían poner en la Agenda Pública para revertir la pobreza estructural de la juventud en España contando con la experiencia de las personas que la experimentan en primera persona.

Otra reciente e ineludible publicación que enmarca la fotografía de la juventud en España es el Balance general del 2º semestre de 2020 del Observatorio de Emancipación que el viernes 25 de junio presentó el Consejo de la Juventud de España y que advierte que el 55% de la juventud entre 25 y 29 años vivía en 2020 con sus padres. Una situación que se había visto agravada en el año de la pandemia con un aumento de 2,2 puntos porcentuales sobre el 52,8% que se registró en 2019. Según indican en este balance, la edad media en la que las personas jóvenes abandonaron el hogar familiar en España en 2020 se situó en los 29,8 años, edad sólo superada en la Unión Europea y los países candidatos a incorporarse, por Croacia, Macedonia del Norte, Serbia, Eslovaquia, Malta, Italia, Portugal y Bulgaria.

Ahondando en esta difícil situación de emancipación, el Observatorio del Consejo de la Juventud destaca que en 2020 el empleo juvenil descendió 4,7 puntos porcentuales, una caída más drástica que la de la población no joven, a la que se suma la tasa de temporalidad que fue superior al 52%.

Completando la fotografía de la emancipación aplazada de la juventud en España destacan entre los problemas graves, la exclusión residencial, con precios muy alejados de las opciones económicas de la población joven, así como el extraordinario déficit de viviendas disponibles, y más aún si hablamos de viviendas en alquiler social.