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30/06/2021 | EAPN - Actualidad
El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, ha presentado hoy su Informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Relator Especial presentó los datos globales sobre el incremento de la pobreza en el mundo como consecuencia de la pandemia y la debilidad de los sistemas de protección que han amplificado estos resultados adversos.
El Relator visitó las instituciones de la Unión Europea del 25 de noviembre de 2020 al 29 de enero de 2021. Durante la visita, representantes de EAPN tuvieron la oportunidad de trasladarle su valoración sobre la situación de pobreza en la UE antes y durante la pandemia de la COVID-19, incluyendo la falta de prevención y protección de la sanidad y de los sistemas de bienestar social en los Estados miembros. El Relator Especial se ha interesado especialmente por la situación de la infancia, las personas inmigrantes y refugiadas, los hogares monoparentales, la población gitana, la población con discapacidad y los restantes grupos en riesgo de pobreza y exclusión.
Según refiere el Informe, "Desde el final de la visita, el 29 de enero de 2021, la Unión Europea ha tomado acciones importantes. Ha aumentado la financiación asignada a la lucha contra la pobreza infantil. Propuso una directiva sobre transparencia salarial para fortalecer el requisito de igualdad de remuneración para las mujeres y hombres. En marzo de 2021, la Comisión Europea anunció un plan de acción para el Pilar de Derechos Sociales, adoptó la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos del Niño y emitió una propuesta de recomendación del Consejo para una Garantía Infantil Europea. Estos son avances y compromisos loables. La pregunta, sin embargo, es si pueden compensar los marcos de política macroeconómica y las reglas que restringen a los miembros La acción estatal para la erradicación de la pobreza y conducir a recortes en los servicios públicos en nombre de presupuestos equilibrados, afectando primero a los más vulnerables. Una carrera institucionalizada 'a la baja' entre los Estados miembros, lo que lleva a salarios más bajos y protecciones más bajas para las personas trabajadoras en nombre de competitividad, perjudica tanto a las empresas como a estos, pero hace sufrir más a los asalariados precarios y con ingresos bajos. (...) La Unión Europea puede, si así lo decide, cambiar las reglas del juego."
Por otra parte, destaca el Punto 20 del Informe, por la importancia del diagnóstico que realiza: "Esto apunta a un problema más amplio: la debilidad de los derechos sociales en el marco constitucional de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que desempeña un papel importante en la introducción de una cultura de los derechos fundamentales en las instituciones de la Unión Europea, presenta importantes lagunas en comparación, por ejemplo, con la Carta Social Europea del Consejo de Europa. En áreas que incluyen el derecho a la atención médica, el derecho a la asistencia social como medio para combatir la exclusión social o el derecho a la vivienda, la Carta de los Derechos Fundamentales no garantiza derechos exigibles."
Finalmente, el Informe elabora un detallado análisis de las principales líneas de políticas sociales desarrolladas en el ámbito de la UE, incluyendo la posibilidad de un sistema europeo de Ingresos Mínimos, para finalizar con tres recomendaciones dirigidas a la UE:
a) Están pendientes las propuestas sobre la cuestión del salario mínimo y de la Garantía Infantil. La adopción de estas propuestas será una contribución importante a la reducción de la pobreza en la Unión Europea.
(b) La crisis actual brinda una oportunidad única para repensar la gobernanza socioeconómica en la Unión Europea. La revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento debería garantizar que la disciplina presupuestaria no desaliente la inversión social.
c) Como mínimo, las medidas adoptadas a nivel de la Unión Europea no deben obstaculizar los esfuerzos de los Estados miembros para combatir la pobreza y reducir las desigualdades. Un requisito esencial en ese sentido es que las Recomendaciones Específicas de cada país adoptadas como parte del proceso del Semestre Europeo y los Memorandos de Entendimiento acordados con los países apoyados por el Mecanismo Europeo de Estabilidad vayan acompañados de evaluaciones adecuadas del impacto en los derechos humanos.
Por otra parte, la 'propuesta estrella' realizada por el Relator Especial en el ámbito internacional es la creación de un Fondo Especial de Protección Social en el ámbito de Naciones Unidas, para dedicarlo a reforzar los sistemas de protección social de los países más pobres, que permitan aliviar la pobreza estableciendo unos suelos mínimos. La mayoría de los representantes de los Estados que intervinieron durante la comparecencia del Relator mostraron su acuerdo con esta propuesta.
Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de EAPN-ES valoró la iniciativa del Fondo para la Protección Social. "Es una idea ambiciosa y necesaria para lograr unos estándares mínimos de vida y reducir la pobreza extrema en el mundo. Para poder cumplir con las recomendaciones realizadas por De Schutter, la UE debería adoptar una estrategia común y coordinada de lucha contra la pobreza, con metas claras y compartidas por todos los Estados Miembro".
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