Claves para la reconstrucción social desde la perspectiva de las personas en riesgo de exclusión

Este mes de noviembre lo iniciamos con uno de los eventos anuales más relevantes para la EAPN España. El 4º Congreso Estatal de Participación: Reconstrucción de los derechos reunió a 120 personas de toda España en la ciudad de Zaragoza

29/11/2021 | EAPN - Actualidad

Este mes de noviembre lo iniciamos con uno de los eventos anuales más relevantes para la EAPN España. El 4º Congreso Estatal de Participación: Reconstrucción de los derechos reunió a 120 personas de toda España en la ciudad de Zaragoza. Para nuestra red ha sido un hito conseguir que, tras año y medio de participación mayoritariamente telemática a causa de la pandemia, más de un centenar de personas en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión volvieran a reunirse presencialmente para compartir, analizar y dibujar la foto de la reconstrucción social necesaria tras el impacto la COVID-19.

Los y las participantes no sólo han compartido sensaciones y emociones, sino que han trabajado codo con codo dando las pinceladas básicas y prioritarias para la reconstrucción social desde la perspectiva de la experiencia vital y desde la diversidad de las vulneraciones sociales con las que trabajamos. Nos lo han dicho con claridad meridiana, las claves pasan por mejorar el acceso a las rentas mínimas, a la vivienda digna y adecuada y a la salud, y por poner fin a la brecha digital, la exclusión financiera y la burocracia administrativa que dificulta los procesos y procedimientos.

¿Qué hemos aprendido? Hemos conocido el impacto social de la pandemia en el testimonio de quienes lo han experimentado en primera persona. Trabajamos en la elaboración de propuestas en torno a dos temáticas principales, las rentas mínimas y su impacto en la pobreza y el derecho a la vivienda digna, adecuada y accesible, pero fueron abordados también otros temas transversales que tienen que ver con la brecha digital, la exclusión financiera, la salud y la burocracia.

Entre las principales problemáticas en materia de rentas mínimas que fueron señaladas destacan la excesiva burocracia y la falta de una definición y procedimiento específico que dé respuesta de forma rápida a las situaciones de emergencia, sobre todo de aquellas personas en mayor situación de vulnerabilidad social. También se señalaron la descoordinación y falta de comunicación y desigualdad territorial; tanto a nivel local y estatal, como las grandes diferencias que existen entre las Comunidades Autónomas con relación al procedimiento de acceso al Ingreso Mínimo Vital y las Rentas Autonómicas.

Sobre la cuantía de las distintas ayudas y prestaciones, los y las participantes consideraron que son insuficientes para garantizar la vida digna de las personas demandantes y nos les permite salir del riesgo de pobreza y exclusión. Además, estas ayudas, insisten, en muchas ocasiones no están llegando a la población que más las necesita.

Para responder a estas problemáticas, las personas que experimentan estas dificultades propusieron definir la ayuda de emergencia para que no se vincule únicamente al área económica y diseñar un procedimiento especifico para que las respuestas a las situaciones de emergencias sean accesibles para todas las personas, más ágiles y con menor burocracia.

Asimismo, piden mejorar el sistema de respuesta y transparencia tanto en el proceso como en la resolución de la concesión y/o en la denegación de la solicitud, y en caso de denegación habilitar mecanismos que permitan recurrir o subsanar los errores.

También urgen a una mejor interlocución y coordinación entre partidos políticos y administraciones públicas para llegar a acuerdos de complementariedad entre el Ingreso Mínimo Vital y las rentas autonómicas; así como a que la administración use un lenguaje comprensible y adaptado, y a que se cree la figura de persona acompañante para facilitar el proceso a aquellas personas que muestren mayor dificultad, combatiendo así también la brecha digital.

Por lo que se refiere al problema de acceso a la vivienda, veían necesario que la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda explicitara su función social y asegurara la vivienda como un derecho humano fundamental. Afirman que existe una falta clara de inversión en viviendas sociales y de regulación de los precios del alquiler, por lo que, denuncian, no queda garantizado el acceso a la vivienda para los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad.

También señalan un limitado parque de vivienda pública y social y hacen hincapié en la falta de recuperación y rehabilitación del mismo; así como de adecuada reorientación del parque desocupado y de ayudas al alquiler para las personas y familias más vulnerables. Además, denuncian que se está generando una discriminación con relación a algunos colectivos en el acceso a la vivienda.

Para afrontar estos problemas ven prioritario llevar a cabo propuestas que pasan por combatir la discriminación en el acceso a la vivienda, e inspecciones y sistemas de sanción en caso de que se genere una discriminación. Incidieron en la necesidad de proporcionar información y asesoramiento a las personas en riesgo de sufrir discriminación para que puedan conocer sus derechos y reclamarlos.

Otras de las prioridades señaladas fueron asegurar una vivienda accesible para todas las personas, y fomentar que desde las administraciones públicas se opte por modelos alternativos de creación de viviendas con respecto a la construcción, rehabilitación y los modelos habitacionales.

También solicitaron aumentar el parque público de vivienda firmando convenios y acuerdos para que se destinen recursos inmobiliarios que sean accesibles para uso público; así como garantizar que las viviendas promovidas por fondos públicos tengan una titularidad pública permanente para evitar que no puedan ser objeto de especulación y crear sistemas de control para asegurar el uso adecuado de las viviendas públicas.

Para las personas en situación de mayor vulnerabilidad participantes en el 4º Congreso, la Ley Estatal de Vivienda debería contemplar con preferencia las situaciones de vulnerabilidad priorizando en los criterios para la condición de población beneficiaria a las personas más vulnerables, con un enfoque de progresividad en los derechos. Y paralelamente, se deberían generar políticas para la reducción de los costes de la vivienda y de los precios del alquiler teniendo en cuenta los ingresos familiares y personales, y para la regulación también de los nuevos modelos de convivencia habitacional (casa compartida, alquiler de habitaciones, etc.).

Respecto a la brecha digital, apuntan hacia la obligación de las Administraciones públicas a facilitarles sistemas presenciales o acompañamiento en el acceso digital para que puedan realizar sus gestiones.

Referente a la exclusión financiera, la mayoría de las personas participantes han indicado que en el último año ha sufrido un gran incremento de las comisiones por servicios de su entidad bancaria, y muchas no han podido acceder a una cuenta bancaria debido a que les piden requisitos que no pueden cumplir, por sus escasos ingresos o porque les hacen operar por internet y esto les genera miedo e inseguridad.

Por otro lado, definen la salud como un equilibrio entre los componentes biológicos, psicológicos y sociales, entre los que también se encuentra la participación comunitaria. Apuntan a que se debería recuperar esta dimensión humana de los sistemas de salud y entender la salud como algo transversal, relacionada con otros factores como el empleo, la educación o la alimentación. Es por ello por lo que, afirman, debe haber una coordinación entre los sistemas sanitarios y los sociales, y acercar los sistemas a los colectivos con mayores dificultades.

Y en referencia al binomio burocracia y pobreza, señalan que el personal profesional de los servicios sociales debe tener contratos estables y dedicarse a atender las necesidades de las personas, no a tramitar recursos. Concluyen que deben implementarse sistemas de evaluación eficaces que sancionen también la falta de profesionalidad o incluso el maltrato.