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24/11/2023 | EAPN - Actualidad
Migrar es un Derecho Humano.
Migrar es un derecho recogido en los artículos 13 y 14 de la Declaración de Derechos Humanos. Todas las personas podemos tener la necesidad o el deseo de migrar por diferentes causas o razones a lo largo de nuestras vidas. Todas las personas tenemos derecho a una vida digna.
En las últimas semanas se ha producido -de forma deliberada y organizada por ciertos sectores políticos, de la ciudadanía y medios de comunicación- un gran aumento de los discursos de odio y de noticias falsas con contenido racista y xenófobo vinculadas al reciente incremento de llegadas de personas en cayucos a Canarias y a su reubicación en distintas zonas de España para garantizarles una acogida digna, tal como es obligación de todos los Estados que firmamos los acuerdos europeos e internacionales en materia de migración, asilo y derechos humanos.
Por desgracia, asistimos al uso de la migración con fines partidistas aun cuando todas y todos son/somos conscientes de la responsabilidad ética, política y legal que tenemos en materia humanitaria y en materia de acogida y de la necesidad de regular procesos migratorios reales y seguros.
Esta obligatoriedad está vinculada al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce como derecho humano el de salir de un país, incluido el propio y a los compromisos de la UE que son de obligado cumplimiento para los Estados. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce la contribución de las personas migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. Son muchos los Objetivos de la Agenda con indicadores y metas relativas a migración.
Detrás de cada decisión de migrar hay una historia personal que puede estar vinculada a falta de oportunidades, desigualdad social, violencias, guerras, conflictos, persecuciones, discriminaciones o circunstancias derivadas del cambio climático. La elección de migrar o la necesidad de huir en la mayoría de las ocasiones no es libre, quien toma esta decisión no encuentra otra alternativa.
Ante esta situación, reclamamos vías seguras y legales de entrada a la UE, y por tanto también a nuestro país, que hoy no son efectivas ni suficientes. Una vez llegan a España reclamamos recursos para una acogida digna y garantías para el respeto a los derechos que todas las personas tenemos, así como responsabilidad política y social, tanto en acciones, como en discursos.
Como sociedades “de acogida” es nuestra obligación, ética, política y legal, garantizar que se cumplan los derechos de cada una de las personas que se encuentran en el territorio español. Más aún cuando hablamos de personas en situación de extrema vulnerabilidad y desprotección.
Hablamos, por tanto, de obligaciones y derechos, no de opciones partidistas: la acogida y la atención integral que garantice los Derechos Humanos de las personas es una obligación ineludible de todas las instituciones y administraciones que conforman el Estado, y un derecho inherente de todas las personas en territorio español.
Dado que estamos hablando de personas, de hombres, mujeres, niñas y niños, es fundamental recordar que, frente a la deshumanización, y la polarización que genera discurso de odio, lo que está en juego es la vida de las personas. Los movimientos de población son una constante histórica, y la respuesta que den los Estados a este hecho va a marcar el futuro del mundo, por lo que es imperativo el cumplimiento de los Derechos Humanos y el trato digno a las personas.
Por todo ello, reclamamos:
● No criminalizar la migración ni utilizarla con fines electorales y partidistas.
● Políticas basadas en Derechos Humanos y asegurar su cumplimiento.
● Vías legales y seguras de entrada a la UE y a España.
● Procedimientos garantistas en Derechos Humanos, incluidos los procedimientos en frontera.
● Acogida y procesos de integración dignos con los recursos y plazos necesarios para
● Aumento de la coordinación entre las administraciones públicas para mejorar la acogida.
● Invertir en el desarrollo de los países de origen de las personas migrantes.
Resolución propuesta por ACCEM, CEAR, Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz (MPDL) y Red ACOGE en la Asamblea General de EAPN-ES.