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11/01/2024 | EAPN - Actualidad
El pasado miércoles asistimos, muy mediáticamente, a la primera gran votación que afronta la legislatura. Desde la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) aplaudimos que uno de los temas que primero se ha decidido afrontar sean el llamado Plan Anticrisis, formado por varios decretos para proteger a las personas en mayor situación de vulnerabilidad de los efectos de la actual crisis económica. Sin embargo, hemos asistido a un debate que se ha movido en un marco muy diferente al objetivo de buscar políticas que combatan y prevengan eficazmente la pobreza y la exclusión.
Ante ello, queremos recordar a la cámara legislativa y a los grupos parlamentarios que la reducción de la pobreza es el Objetivo número 1 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas ratificado por España en 2015. Desde EAPN-ES, recordamos que eludir este compromiso, no es sólo no cumplir con la responsabilidad adquirida ante la ONU sino con la responsabilidad adquirida con la población. Según la encuesta de otoño del Eurobarómetro, más de un tercio de la población de la UE considera que la lucha contra la pobreza y la exclusión social (36 %) debe de ser una prioridad para todos los gobiernos.
Si se comparan los niveles de pobreza a nivel europeo, constatamos que las sociedades con menor índice de desigualdad tienden a tener los niveles más bajos de pobreza, y se han visto menos afectadas por las sucesivas crisis. Esto se debe principalmente a que sus gobiernos optan por priorizar medidas que garanticen los derechos sociales de la ciudadanía. En este sentido, en el XIII Informe del Estado de la Pobreza se destaca el papel protector del estado, y se comprueba como sin políticas de protección social ni pensiones públicas, el número de personas en situación de pobreza se duplicaría, llegando a afectar a casi la mitad de la población. En el caso de la pobreza severa, afectaría a casi un tercio de la población y la desigualdad presentaría cifras desorbitadas: el 20% más rico ganaría en torno a 48 veces más que el 20% más pobre.
En este sentido la estrategia europea y estatal frente a la pandemia de la COVID-19 y la protección frente a los efectos de la guerra de Ucrania desarrolló medidas para la garantía de ingresos, evitando que la subida de precios de las energías impactase de forma desastrosa y medidas que aliviasen las terribles consecuencias que puede tener no poder hacer frente al pago de la vivienda entre otras. Éstas evitaron que un millón y medio de personas entrara en situación de pobreza. Sin embargo, aún hay un 26% de la población española en riesgo de pobreza y exclusión. Estas cifras exigen la rápida actuación y que el foco del debate político gire en torno a la eficacia de las medidas, emplazando otros temas que la democracia necesita resolver a su espacio propio de discusión.
Entre las medidas que contiene el decreto anticrisis y que finalmente se han aprobado estaban las relativas a la subida de las pensiones para 2024, con una importante alcance en las no contributivas; el necesario aumento del IMV, las ayudas para personas autónomas, la subida del salario mínimo interprofesional y la protección ante despidos. También incluye este decreto los descuentos en transporte, la protección por desahucios, la rebaja del IVA en alimentos básicos y los límites a la subida de la luz y el gas, así como ayudas a consumidores vulnerables de estas energías.
El decreto 7/2023 ha decaído al no obtener los votos suficientes, en él se desarrolla la reforma para la protección por desempleo. Queda pendiente seguir trabajando para llegar a acuerdos en cuestiones como el aumento del subsidio por desempleo de 480 euros a 570, la reducción del mes de espera para cobrarlo o la compatibilización de cobro de parte del subsidio con el empleo y/o con prácticas formativas. Una medida urgente que el gobierno tiene comprometida con Bruselas como parte de los Fondos Europeos de Recuperación.
Desde EAPN-ES aludimos a la responsabilidad que la nueva legislatura tiene con el total de la población, y en concreto con lo más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, y anima a volver al espíritu de consenso existente entre los grupos parlamentarios en materia de lucha contra la pobreza demostrado el pasado verano con el último acuerdo anticrisis.