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EAPN-ES celebra la modificación de la Constitución Española para garantizar los derechos de las personas con discapacidad

• El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'.

18/01/2024 | EAPN - Actualidad

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española (CE), medida que implica una nueva redacción para sustituir el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’.

Se trata de la primera reforma social de la Carta Magna, que responde a las demandas históricas de la sociedad civil y las organizaciones de la discapacidad, como señala el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), celebramos esta medida que adecúa la Constitución a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, y felicitamos al movimiento civil de discapacidad por este logro imprescindible.

En este sentido, desde la Red queremos hacer un llamamiento para que se mantenga esta senda garantista, con la aprobación de medidas que aborden otras problemáticas del colectivo, especialmente las relacionadas con las elevadas tasas de pobreza y exclusión social.

Según el XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ de EAPN-ES, publicado en octubre de 2023, el 30 % de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza y/o exclusión, frente al 22,7 % de las personas sin discapacidad.

Además, las mujeres con discapacidad están especialmente expuestas a situaciones de vulnerabilidad por falta de garantía de ingresos: solo el 19 % de las personas con discapacidad percibieron en 2020 prestaciones monetarias periódicas, con una amplia brecha de género ya que el 22,8 % de los hombres percibieron ayudas frente al 16,3 % de las mujeres.

EAPN-ES anima a que el amplio consenso parlamentario conseguido para la reforma de la CE, se traslade al impulso de un Pacto Estatal contra la Pobreza, que incluya de forma específica políticas que garanticen los derechos sociales de las personas con discapacidad.

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