12 Propuestas de la Taula del Tercer Sector de Cataluña

Las propuestas se centran en temas como la Renta Mínima de Inserción, la ley de la Dependencia, los Centros Especiales de Trabajo, las políticas de acceso a la vivienda, el paro juvenil o las becas escolares, entre otros.

04/07/2013 | EAPN - Actualidad

La Taula de entidades del Tercer Sector ha presentado este martes un pliego de 12 propuestas de actuación al Presidente Mas en una 'cumbre' con las entidades sociales de la Comunidad Autónoma, de cerca de dos horas que se ha celebrado el Palau de la Generalitat . Por parte de la Taula del Tercer Sector han participado su presidenta, Àngels Guiteras, y los presidentes o representantes de sus 32 federaciones de entidades miembros que representan cerca de 4.000 entidades sociales. Por parte del gobierno, el presidente Mas ha estado acompañado por los consejeros de Bienestar Social y Familia, Neus Munté y de Empresa y Empleo, Felip Puig.

Durante la reunión, que ha durado cerca de 2 horas, la Taula del Tercer Sector ha hecho llegar un pliego con las 12 propuestas de actuación:

Propuesta 1: Las entidades sociales le pedimos que el Gobierno reduzca, simplifique y compacte la gran diversidad de ayudas y prestaciones sociales existentes, entre las que también la Renta Mínima de Inserción, en una única prestación social básica que garantice los mínimos ingresos a aquellas personas y familias que no tienen recursos propios para vivir una vida digna. Esta nueva prestación social básica permitiría simplificar, agilizar y reducir costes de gestión y de control, y al mismo tiempo facilitar el acceso a los ciudadanos. Y se podría completar con el establecimiento de muy pocas prestaciones complementarias bien integradas.

Propuesta 2: Las entidades sociales no podemos ni queremos dejar de dar atención a las personas que quedan situadas en los últimos eslabones de la cadena de la reinserción de la sociedad. Por este motivo le pedimos reemprender la colaboración con el Departamento de Justicia en los programas de rehabilitación de reclusos, tanto en el interior como en el exterior de los recintos penitenciarios. Actualmente el Departamento ha limitado en gran medida esta colaboración y ha recortado programas de todo tipo, como formativos, de inserción sociolaboral, de drogodependencias, de salud, de mentoría social o de pisos asistidos, hipotecando un trabajo conjunto público-privado que durante años había sido modélico.

Propuesta 3: Siguiendo el precedente de la 'Maratón contra la Pobreza', le proponemos que el Gobierno impulse una nueva iniciativa destinada a potenciar la solidaridad ciudadana y canalizar recursos hacia las entidades sociales. Una nueva iniciativa que desearíamos que esta vez no fuera de carácter puntual, sino que se convirtiera en el primer paso para disponer en Cataluña de un nuevo instrumento permanente-como tienen otros países-destinado a vigorizar esta solidaridad para reforzar con recursos privados aquellos proyectos y entidades que son y serán necesarios para la cohesión y el progreso social de Cataluña.

Propuesta 4: Las entidades sociales que colaboramos desde hace años con el Departamento de Empresa y Empleo en actividades de intermediación laboral, le pedimos que la Generalitat preserve el modelo catalán de participación del Tercer Sector en la formación y la inserción sociolaboral de los colectivos con más dificultades de acceso al mercado de trabajo. Se trata de un modelo único en todo el Estado, que ha demostrado hasta ahora su eficacia y eficiencia para insertar en la empresa ordinaria los colectivos especiales, y que los nuevos modelos europeos y estatales de grandes agencias de cooperación Colocación podrían hacer desaparecer. Le pedimos que el Departamento establezca contratos-programa con estas entidades, y que la futura Ley de Ocupación de Cataluña no sólo mantenga este modelo sino que lo potencie y el consolide.

Propuesta 5: En el caso de los Centros Especiales de Trabajo, concebidos para dar trabajo a las personas que no pueden incorporarse al mercado ordinario, el Gobierno central no garantiza, un año más, el pago del 50% del sueldo mínimo interprofesional, como marca la ley. Actualmente, en Cataluña hay más de 200 CET que emplean a 8.700 personas de especial dificultad y la financiación pública es un pilar básico para la viabilidad del mantenimiento de esta ocupación. Por esta razón, es necesario que el Gobierno catalán concrete urgentemente la financiación para este año - aplicando una acción positiva en la distribución de los recursos que permita la creación de nuevos puestos de trabajo-y liquide los importes pendientes desde 2010. Para trabajar por el futuro, es necesario crear un espacio de trabajo estable para definir una estrategia en la definición de un modelo de inserción laboral de personas con discapacidad. Finalmente, acciones como la revisión de las acreditaciones de los CET-garantizando que éstos respondan efectivamente a su misión esperada-y la apuesta por la reserva social en la contratación pública son medidas de elevado impacto sin ningún coste económico.

Propuesta 6: Las entidades financieras tienen en Cataluña cerca de 100.000 pisos vacíos, y nos haría falta un parque de al menos 230.000 viviendas de alquiler social para atender las necesidades actuales de la población catalana más desfavorecida. El gobierno central acordó a principios de año con 33 entidades financieras la creación del Fondo Social de Vivienda, que a causa de un mal planteamiento está resultando un fracaso: hasta hoy sólo 89 familias han accedido a alguno de los 6.000 viviendas del Fondo. Por eso proponemos que el Gobierno catalán negocie con las entidades financieras presentes en Cataluña y con el SAREB, la cesión a la Generalitat de una parte de su stock de viviendas desocupadas a fin de doblar los efectivos actuales de parque público y social de viviendas de alquiler. Además, ofrecemos que las entidades del Tercer Sector especializadas en este ámbito colaboren con el Gobierno en la gestión de este parque de alquiler social.

Propuesta 7: Aunque aspiramos a que la Generalitat pueda ofrecer tan pronto como su presupuesto lo permita una prestación garantizada a todas las familias con hijos a cargo para que puedan asumir plenamente sus responsabilidades para con sus hijos, le pedimos que ahora, en la situación de emergencia social que vivimos, y siendo conscientes de las dificultades económicas del Gobierno, de forma provisional y excepcional el Gobierno extienda y garantice los programas de becas escolares, no sólo las relacionadas con la alimentación sino también con la educación.

Propuesta 8: Proponemos ofrecer a todos los adolescentes y jóvenes de Cataluña inactivos una oferta de segundas oportunidades formativas tanto en el ámbito de la formación ocupacional como en el de la formación profesional; complementado con una cobertura de becas de transporte o becas-sostenimiento que garanticen que no existen barreras a la formación mientras las tasas de paro no vuelven a unos índices equivalentes a los de antes de la crisis. Proponemos impulsar, pues, un ambicioso plan de reentrada al sistema reglado para los adolescentes y jóvenes que la han abandonado prematuramente, por medio de escuelas, PCPI, módulos de formación de adultos u otros dispositivos de segunda oportunidad y recuperar las políticas activas de empleo.

Propuesta 9: Pedimos que el Gobierno defienda, impulse y plasme en una ley propia un modelo catalán de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, que nos permita que los importantes recursos que la Generalitat y los Ayuntamientos catalanes ya destinan a esta política fundamental de nuestro sistema de bienestar, y que son complementados por el Gobierno del Estado en una proporción, el 20%, que está muy lejos del 50% que preveía la Ley, puedan gastar y asignar de una manera más realista, eficiente , equitativa y adecuada a las necesidades reales de nuestras personas dependientes y sus familias.

Propuesta 10: Solicitamos que el Gobierno aplique e impulse con urgencia el Plan de Prevención y Atención a la Cronicidad, que consideramos que deberá implicar necesariamente un traspaso muy importante de recursos económicos desde el ámbito sanitario en el ámbito social . El Plan también deberá revertir la tendencia tradicional y actual de priorización de recursos hacia la atención hospitalaria muy especializada, en detrimento de los servicios comunitarios y la atención primaria y sociosanitaria, que en el actual contexto de recortes es difícil de entender . La aplicación del Plan creemos que también conlleva construir una arquitectura institucional diferente a la actual, que permita una acción de gobierno más transversal, una visión de los problemas de salud más integral y sociosanitaria, y la asunción de nuevas responsabilidades y liderazgo desde mde el ámbito social.

Propuesta 11: Pedimos que el Gobierno agilice los pasos necesarios para cumplir el compromiso asumido en el Plan de Apoyo al Tercer Sector de simplificar los procedimientos de solicitud, tramitación y justificación de subvenciones. Las entidades sociales tenemos que invertir muchas energías inútiles para cumplir requerimientos desproporcionados ya veces absurdos en relación a las subvenciones de la Generalitat, y con duplicidades y criterios contradictorios entre los Departamentos. Hace dos años presentó un informe con nuestro diagnóstico y propuestas, pero los problemas identificados no han mejorado sino que incluso han empeorado, especialmente en cuanto al requisito incomprensible de tener que justificar con facturas originales los gastos del proyecto que la Generalitat no ha subvencionado.

Propuesta 12: Pedimos que el Gobierno apruebe una instrucción que permita garantizar que, en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, los procedimientos de contratación pública de servicios de atención a las personas preservarán la eficacia y la calidad de los servicios. Porque las subastas, las ofertas temerarias y la devaluación de los requisitos de solvencia y calidad, que se están extendiendo entre algunas Administraciones, no son admisibles en los servicios de atención a las personas y perjudican los objetivos de cohesión social que todos defendemos.

Esta reunión, que a partir de este año se repetirá anualmente, era uno de los compromisos que el Gobierno y la Taula del Tercer Sector establecieron en el 'Plan de Apoyo al Tercer Sector Social' que firmaron el pasado 17 de septiembre (DOGC 6241 , 26.10.2012, medida 36).

Foto: Jordi Berdmar (Dep. Presidencia Generalitat de Cataluña)

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