Campaña de Personas Sin Hogar

Ante la realidad de exclusión residencial que afecta un número creciente de personas, la Campaña de Personas Sin Hogar pone el acento en la violación que ello representa del derecho humano a una vivienda digna y adecuada.

28/11/2014 | EAPN - Actualidad

Ante la realidad de exclusión residencial que afecta un número creciente de personas, la Campaña de Personas Sin Hogar pone el acento en la violación que ello representa del derecho humano a una vivienda digna y adecuada. Y recuerda que "toda persona tiene derecho a vivir en plenitud y de forma integral su dignidad humana, independientemente de su nacionalidad, origen, pensamiento, etnia, edad y situación económica y social".

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Carta Social Europea y la Constitución Española sostienen que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. FACIAM, Cáritas, fePsh, XAPSLL y BesteBi subrayan todos los aspectos vitales que, según Naciones Unidas, suponen el derecho a vivir bajo un techo: la seguridad en una ocupación continuada y pacífica de la vivienda, sin la amenaza de su pérdida; el acceso garantizado a suministros y el correlativo soporte de sus gastos; la accesibilidad física al edificio o casa y su entorno (educación, ocio, salud, transporte etc.); la habitabilidad legal y emocional del espacio; y el acceso a la cultura y al ocio.

El drama de las ejecuciones hipotecarias

El acceso a ese derecho no es hoy posible para miles de ciudadanos y ciudadanas españoles, que viven en carne propia el resultado de lo que para los responsables de la Campaña son "unas políticas de vivienda no inclusivas basadas en la inversión económica y donde la persona no es el centro".

Las cifras, de nuevo, confirman esa aseveración, si se tiene en cuenta que de los casi 7 millones de viviendas terminadas en España entre 1991 y 2007, sólo el 14,5% (989.018) estuvieron sujetas a algún sistema de protección. O si se analizan los devastadores efectos que en la vida de miles de familias tuvieron las 400.000 ejecuciones hipotecarias que, según el Consejo General del Poder Judicial, tuvieron lugar entre 2008 y 2012; o el dato de las 3.443.365 viviendas vacías que existen en España, como indica el Censo de Población y Vivienda 2011.

Como se denuncia desde la Campaña de Personas Sin Hogar, "estos datos tienen cientos de miles de nombres propios y están referidos a personas concretas: mujeres, hombres y niños que han visto como 'el sueño de un hogar' se ha derrumbado".

Se trata de personas y familias que no tienen techo o, aún teniéndolo, no disfrutan de una vivienda digna, adecuada, en paz y en un entorno habitable y sustentable. Que se ven empujadas a vivir sin techo, en espacios públicos o pernoctando en algún centro de emergencia y de carácter temporal. O que no tiene otro remedio que seguir viviendo en una recinto inadecuado, ya sea una chabola o en una vivienda masificada.

El problema no ha remitido en los últimos años. Ciudades como Barcelona han visto incrementado en más de un 162% el número de personas, tanto adultos como menores, que viven en asentamientos urbanos. En varias zonas de Huelva y Almería existen también asentamientos rurales donde malviven miles de personas, con "techo" pero sin agua corriente, gas, alcantarillado, recogida de basuras…

Reclamación a las Administraciones públicas

Ante esta realidad, FACIAM, Cáritas, fePsh, XAPSLL y BesteBi reclaman a las Administraciones públicas la puesta en marcha de manera urgente de una política de vivienda que garantice este derecho, y que prevenga y combata la vulnerabilidad y la exclusión residencial en España.

Además, y como vienen haciendo desde el año 2008, las entidades piden que el Estado ratifique la Carta Social Europea Revisada de 1996, donde se incluye el derecho a la vivienda en el artículo 31, así como la firma y ratificación del Protocolo Adicional por el que se establece el Sistema de Reclamaciones Colectivas de 1995.

Es necesaria y urgente, además, una reforma jurídica, sobre todo en el ámbito del alquiler y de los procedimientos de ejecución hipotecaria (desahucios), que reflejen una opción clara de política pública por el derecho y que no trate a la vivienda como oportunidad de negocio y de crecimiento económico. Proponen, en este sentido, la paralización de todos los desahucios de vivienda habitual, la obligatoriedad de la mediación en procesos de ejecución y la dación en pago sumada a un alquiler social.

Demandan, asimismo, la articulación de un Pacto estatal de vivienda que se refleje en un Plan de Vivienda Social para todo el país.