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05/04/2019 | EAPN - Actualidad
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado este viernes la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Este instrumento, dividido en cuatro ejes de actuación y 19 medidas, ofrece por primera vez una definición oficial sobre la pobreza energética, establece indicadores para su seguimiento. Esta Estrategia tiene como objetivo principal reducir entre un 25% y un 50 % la pobreza energética en sus cinco años de vigencia, una de las reivindicaciones de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España),
Según ha informado el ministerio que preside Teresa Ribera, la estrategia fija las líneas del futuro bono social energético, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro; y plantea acciones a corto, medio y largo plazo para la rehabilitación energética de viviendas y de sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos eficientes.
Además, el Gobierno prohíbe desde este viernes la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas, olas de calor o frío, a consumidores vulnerables, algo que, ha anunciado el ministerio, se suma a las restricciones de corte ya existentes sobre consumidores vulnerables y preceptores del actual bono social eléctrico en cuya vivienda viva al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia de grado II o III.
Asimismo, ha informado el Ministerio, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio.
La Estrategia aprobada este viernes por el Consejo de Ministros aumenta el plazo otros 4 meses, durante los cuales el consumidor "recibirá un suministro mínimo vital" que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad.
La estrategia declara que la pobreza energética es "la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.
Así, para detectarla, el texto ha adoptado los cuatro indicadores del Observatorio Europeo contra la pobreza energética. En primer lugar, un gasto desproporcionado en gasto energético de los hogares, que sea más del doble de la media nacional en relación con sus ingresos; en segundo lugar, la pobreza energética escondida, que habla del porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la media nacional; en tercer lugar, el indicador de incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada; por último, el retraso en el pago de las facturas.
Según ha dado a conocer al ministerio, y en base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas.
Entre otras medidas, relacionadas con hacer estudios al detalle del gasto y actualizar los indicadores anualmente, el Ejecutivo insiste en que es preciso elaborar un nuevo bono social que debería respetar, por un lado, la universalidad de fuentes de suministros (ayuda integral para el conjunto de los suministros energéticos), la automatización, y la gestión coordinada con otras administraciones públicas.
"Pretendemos atacar las causas estructurales que nos permitan que descienda el número de personas en situación de pobreza energética", ha explicado la ministra Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Desde EAPN España, valoramos positivamente el trabajo y esfuerzo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Secretaria de Estado de Energía para cumplir con el compromiso de elaborar una Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética anunciado en el Real Decreto-ley 15/2018, así como la iniciativa de abrir dicha estrategia a la participación de los distintos actores implicados.
Consideramos la propuesta de Estrategia presentada supone un buen acercamiento para abordar el problema de la pobreza energética, pero no hay que olvidar que esta problemática está especialmente relacionada con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Consideramos que también sería necesario revisar, aclarar y ampliar el análisis y propuestas en algunas cuestiones como el precio de la energía, el bono social y la financiación de la estrategia.
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