La problemática vinculada al hábitat, a la vivienda y a la temática específica de la pobreza energética genera una gran vulnerabilidad social que se vio acrecentada durante el periodo más duro de la crisis en España y en el entorno europeo. Los exponentes más graves de este recrudecimiento fueron el impacto de los desahucios por impago de hipotecas o alquileres y el incremento del número de personas en situación de exclusión residencial, incluida la población sin hogar cuyo caso reviste especial dramatismo porque carecen de una solución habitacional estable y viven en un espacio público, pernoctan en albergues sin un lugar propio donde pasar el resto del día, o bien, en el mejor de los casos viven en alojamientos de apoyo, pero de forma temporal. En el 2017, Cruz Roja trabajó con 23.846 personas sin hogar.