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27/01/2026 | EAPN - Actualidad
El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles el real decreto-ley ómnibus que prorrogaba diversas medidas de protección social y económica esenciales para 2026, en ámbitos como vivienda, pobreza energética, pensiones, empleo y fiscalidad. La caída del decreto deja en el aire instrumentos que venían funcionando como escudo social para millones de personas en situación de vulnerabilidad. Y lo más importante, medidas que se estaban consolidando como eficaces en la contención de los datos de pobreza.
El texto incluía, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, así como la garantía de suministro de agua y energía para los hogares más afectados por la pobreza energética. También contemplaba la actualización de pensiones, medidas de protección en el empleo y diversas actuaciones tributarias con impacto social.
Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) se pide a todas las formaciones políticas “priorizar los derechos y las necesidades de la ciudadanía frente a los bloqueos partidistas, en especial de su ciudadanía en situación de alta vulnerabilidad”, en un momento en el que la pobreza y la exclusión social siguen afectando a una parte muy significativa de la población.
UN PAÍS CON 12,5 MILLONES DE PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN
Según los últimos datos disponibles, el 25,8 % de la población en España, más de 12,5 millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque algunos indicadores han mostrado una ligera mejora, las cifras siguen siendo muy elevadas y reflejan problemas estructurales que requieren políticas públicas estables y sostenidas en el tiempo.
La acción del Estado, especialmente a través de las transferencias sociales, tiene un impacto directo y medible en la reducción de la pobreza, entendiendo por papel del Estado el conjunto de derechos sociales garantizados por los distintos niveles de la administración pública. En 2024, las transferencias públicas, incluidas las pensiones, permitieron reducir la tasa de pobreza del 42,6 % al 19,7 %, evitando que 11,1 millones de personas permanecieran en situación de pobreza. El análisis de la serie histórica desde 2008 confirma que cuando se aplican medidas ambiciosas y bien orientadas, como ocurrió con el “escudo social”, los efectos positivos son inmediatos: en 2021 las transferencias contributivas redujeron la pobreza en 9,5 puntos, es decir, la ampliación de estas medidas evitó que 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza. Por el contrario, la retirada o falta de consolidación de estas políticas debilita de forma clara su capacidad de protección social.
En este contexto, la no convalidación del real decreto supone la caída de estas medidas imprescindibles para contener situaciones de emergencia social, especialmente en ámbitos como la vivienda y la energía.
VIVIENDA: EL RECHAZO DEL DECRETO PROFUNDIZA UNA CRISIS DE VIVIENDA YA CRÍTICA
La caída del real decreto ómnibus supone un grave retroceso en la protección del derecho a la vivienda, en un contexto de emergencia residencial ampliamente documentada. El texto rechazado incluía la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, una medida imprescindible para evitar que miles de familias en situación de vulnerabilidad perdieran sus hogares.
Según el XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES, la vivienda es hoy uno de los principales factores de empobrecimiento en España. El informe revela que el 30 % de las personas en situación de pobreza destinan un porcentaje excesivo de sus ingresos a los gastos de vivienda, frente a una proporción muy inferior en el conjunto de la población. Este sobreesfuerzo económico empuja a miles de hogares a situaciones de impago, endeudamiento o riesgo de desahucio, incluso cuando existe empleo.
El impacto es especialmente severo en el mercado del alquiler. El informe constata que la tasa de pobreza entre los hogares inquilinos es más del doble que entre quienes viven en vivienda en propiedad, lo que evidencia la falta de un parque público suficiente y de mecanismos de contención de precios eficaces. Esta situación afecta de forma desproporcionada a familias con menores, hogares monoparentales y personas migrantes.
A esta realidad se suma la pobreza energética, estrechamente vinculada al acceso y las condiciones de la vivienda. Los datos de EAPN-ES señalan que el 38,5 % de las personas en situación de pobreza no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, y que el 43,1 % tiene dificultades para mantenerla suficientemente fresca en verano, cifras muy superiores a las del resto de la población. Estas carencias están directamente relacionadas con viviendas ineficientes, condiciones de alquileres precarios, inflación y bajos ingresos.
Desde EAPN-ES, en el marco de la alianza de entidades sociales, sindicales, vecinales y de derechos humanos que impulsan el llamamiento “Ni un desahucio más. Ni una familia sin derecho a la vivienda”, se recuerda que los desahucios no son un fenómeno coyuntural. En los últimos 15 años se han producido más de 760.000 lanzamientos judiciales, con un impacto directo sobre cerca de dos millones de personas según datos del Consejo General del Poder Judicial, y solo una minoría de los casos cuenta con una alternativa habitacional adecuada.
La suspensión de los desahucios ha demostrado ser una herramienta eficaz y jurídicamente viable, pero insuficiente si no se refuerza. De hecho, solo uno de cada cuatro lanzamientos se suspende actualmente, y el acceso efectivo a vivienda social sigue siendo residual. La no convalidación del decreto mantiene a miles de familias en una situación de inseguridad extrema.
“El derecho a la vivienda no puede quedar bloqueado por la confrontación política. Ninguna persona debería enfrentarse a un desalojo sin una alternativa digna”, subraya EAPN-ES, que reclama retomar de forma urgente las medidas decaídas y avanzar hacia soluciones estructurales que garanticen este derecho fundamental.
PENSIONES: EN RIESGO UN PILAR DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
El real decreto contemplaba la revalorización de las pensiones contributivas para 2026, una medida esencial para preservar el poder adquisitivo de las personas mayores. Aunque existen precedentes recientes en los que este tipo de situaciones se resolvieron antes de que el impacto llegara a las nóminas, EAPN-ES advierte de que generar incertidumbre sobre ingresos básicos no es una opción aceptable para millones de personas cuya situación depende directamente de decisiones políticas.
Las pensiones siguen siendo uno de los principales factores de contención de la pobreza, especialmente entre la población mayor, y cualquier retraso o bloqueo en su actualización incrementa la inseguridad económica.
MENOS PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON BAJOS INGRESOS Y MAYOR PRESIÓN FISCAL PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA DANA Y LOS INCENDIOS
El rechazo del decreto ómnibus supone también la caída de medidas clave en empleo, Seguridad Social y fiscalidad que actuaban como mecanismos de contención de la pobreza. La caída del decreto elimina la garantía de continuidad del salario mínimo, prevista para proteger a las personas con salarios más bajos hasta la fijación del SMI de 2026, en un contexto en el que cerca de 2,5 millones de personas viven en situación de pobreza pese a tener empleo.
También desaparece la prohibición de despidos objetivos en empresas beneficiarias de ayudas públicas o acogidas a medidas de reducción de jornada por el aumento de los costes energéticos derivados de la guerra de Ucrania, una protección relevante en un mercado laboral donde la precariedad duplica el riesgo de pobreza.
A ello se suma la caída de medidas de simplificación administrativa, como la supresión de la obligación de presentar la declaración del IRPF a las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, así como la no prórroga de los regímenes fiscales simplificados para autónomos y pequeñas empresas.
Finalmente, el rechazo del decreto implica que las ayudas por daños personales causados por los incendios forestales de 2025 y por la DANA de 2024 pierdan las exenciones fiscales previstas, incrementando la presión económica sobre hogares que ya han visto gravemente afectadas sus condiciones de vida.
PROTEGER A QUIENES MÁS LO NECESITAN, UNA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN UN CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE
En un contexto marcado por la incertidumbre económica y social, EAPN-ES subraya que la protección de la población más vulnerable constituye una responsabilidad política y social compartida y ha de emerger como una prioridad. La Red recuerda que las medidas incluidas en el real decreto son herramientas necesarias y ya contrastadas para garantizar derechos básicos y, que lejos de su suspensión, se deben de desarrollar y mejorar en forma y alcance para hacer frente al reto de la pobreza.
Avanzar hacia un escudo social estable y estructural pasa por reforzar el papel redistributivo del Estado, consolidar políticas públicas de vivienda, empleo y protección social, y situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social como una prioridad transversal de todas las políticas para EAPN-ES.