El Foro Anual Europeo contra la Pobreza, la Desigualdad y la Exclusión Social: Cohesión Social y Protección de los Derechos busca impulsar actividades que permitan visibilizar las problemáticas de las personas con necesidades sociosanitarias en el ámbito estatal y europeo, en especial aquellas en situación de pobreza y/o riesgo de exclusión social. A su vez, pretende impulsar iniciativas que permitan contribuir al avance en la consecución de los objetivos contemplados en las estrategias estatales aprobadas en el marco de la AGE, con incidencia en el ámbito social, promoviendo la generación de espacios de análisis y debate entre representantes de organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, sus personas beneficiarias, representantes de Administraciones públicas y otros actores clave.

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EAPN-ES urge a impulsar un Pacto Estatal contra la Pobreza ante el empeoramiento de los datos

28/02/2024

La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha elaborado un Avance de Resultados de su Informe Anual ‘El Estado de la Pobreza’, construido a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada el 26 de febrero. El documento recoge tanto la tasa AROPE -personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social-, como sus diferentes componentes, y es el primero en mostrar los efectos de la guerra en Ucrania, de la inflación y de la crisis energética. Según el Avance, el riesgo de pobreza o exclusión social se ha incrementado en el último año y alcanza al 26,5 % de la población residente en España, unos 12,7 millones de personas (400.000 más que 2022), debido sobre todo al empeoramiento del componente de privación material y social severa. Los otros dos indicadores de la tasa AROPE -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido prácticamente estables. La peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes afecta muy duramente el incremento del coste de la vida. Especialmente preocupante es la situación de los hogares monoparentales: más de la mitad (52,7 %) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 49,2 % de 2022. Esto se traduce en un aumento acusado de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8 % hasta el 28,9 %: unos 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes está en riesgo de pobreza. A su vez, alrededor de 9,7 millones de personas viven en pobreza en nuestro país, con ingresos inferiores a 10.989 € anuales por unidad de consumo (916 € al mes): es el 20,2 % de la población. Este indicador refleja también que la feminización de la pobreza es en una problemática constante y estructural: un año más, las mujeres son más pobres que los hombres (el 20,8 % frente al 19,5 %, respectivamente). POLÍTICAS SOCIALES IMPRESCINDIBLES PERO INSUFICIENTES El Avance refleja un fuerte crecimiento de las rentas respecto a 2022, el más acentuado desde 2008. Esto se debe en gran parte al denominado ‘Escudo Social’, que ha sido imprescindible para hacer frente a los efectos de las sucesivas crisis desde la pandemia. De hecho, según el XII Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES, estas medidas evitaron que 1,5 millones de personas entrase en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2021. Conclusiones similares arrojó el XIII Informe: sin políticas de protección social y sin pensiones públicas, el número de personas en situación de pobreza se habría duplicado en 2022, llegando a afectar a casi la mitad de la población. Sin embargo, los datos de privación material y social severa (PMSS) revelan que la estrategia europea y estatal frente a los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania sigue siendo insuficiente ante el encarecimiento de la vida. A esto se suma que las medidas no llegan por igual a todas las personas: los hogares en situación más vulnerable no son capaces de hacer frente a la inflación y a los precios de la energía. Así lo reflejan los indicadores que definen la PMSS. El dato que más empeoró en 2023 respecto al año anterior fue el referido a la pobreza energética de los hogares: el 20,7 % no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, frente al 17,1 % de 2022 y 14,3 % en 2021. También ha aumentado un punto el porcentaje de población que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días (6,4 %), mientras que la cifra de personas que no pueden hacer frente a gastos imprevistos se sitúa ya en el 37,1 %, frente al 35,5 % de 2022. Por último, señalar que los datos nos alejan aún más del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Agenda 2030. En el caso de la tasa AROPE, debería ser 5,5 puntos porcentuales más baja, el 21 % para 2023, frente al 26,5 % que indica la ECV. LA SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS El Avance incluye también un primer abordaje de la situación territorial. Las regiones con mejores datos (norte) sufren un empeoramiento, debido sobre todo a los indicadores de PMSS, y aquellas con cifras más elevadas de pobreza y exclusión social (sur) experimentan una mejoría. Sin embargo, la brecha entre unas y otras mantiene una España dividida en el eje norte sur con grandes desigualdades, en una horquilla muy amplia que, en el caso de la Tasa AROPE, va desde el 15,5 % del País Vasco hasta el 37,5 % en Andalucía, más del doble. Los efectos de la inflación y de los precios de la energía observados a nivel estatal se replican en el caso de las CCAA, con fuertes incrementos en algunas regiones de las personas que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días; mantener la vivienda a una temperatura adecuada, o quienes manifiestan retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal. PACTO ESTATAL CONTRA LA POBREZA Desde EAPN-ES muestran preocupación ante el empeoramiento de los datos, y urgen a incrementar las políticas de protección social -con un enfoque de género e interseccional-, aumentando su intensidad y alcance, y con la implicación tanto del Ejecutivo central como de los Gobiernos autonómicos. En este sentido, recuerdan los compromisos internacionales adquiridos por los sucesivos Gobiernos desde 2015 para poner fin a esta problemática, y llaman a establecer un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el consenso de todo el arco parlamentario, y a todos los niveles competenciales. A nivel estatal, la Red pide una nueva Estrategia Estatal de Lucha contra la Pobreza más ambiciosa que la actual, un compromiso del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y que se haga en coordinación con otras Carteras con competencias en ámbitos asociados con la pobreza, y con las CCAA. A su vez, las CCAA tienen un papel imprescindible en la lucha contra la pobreza. Desde la entidad piden a los Gobiernos autonómicos que desarrollen e inviertan en gasto social, en suma a las partidas y medidas impulsadas a nivel estatal. Por ejemplo, es necesario que se complementen de forma decidida el ingreso mínimo vital con sus rentas autonómicas, como medida clave para garantizar una vida digna a millones de personas. Y, por supuesto, ante la grave situación de los hogares más vulnerables, EAPN-ES recuerda que debe llevarse a cabo el desarrollo normativo de la Ley por el Derecho a la Vivienda, así como la tramitación parlamentaria de la Ley de Familias, aprobada en el Consejo de ministros el 27 de febrero de 2024. EL PAPEL DE EUROPA El próximo mes de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Desde EAPN-ES recuerdan a los partidos que concurren a los comicios la importancia de priorizar en sus programas políticas públicas que hagan frente a esta preocupante situación, tal y como demanda la ciudadanía: más de un tercio de la población de la UE considera que la lucha contra la pobreza y la exclusión social (36 %) es el tema principal al que debe dar prioridad el Parlamento Europeo, según la Encuesta de Otoño de 2023 del Eurobarómetro. Las investigaciones de EAPN-ES han demostrado que apostar por políticas de protección social para afrontar las crisis funciona, pero hay que ser más ambiciosos. Acabar con la pobreza es una cuestión de garantía de derechos y de voluntad política.'>

La pobreza energética ha aumentado un 138 % desde 2008

19/02/2024

Del 17 al 23 de febrero se celebra la Semana Europea de la Pobreza Energética, una conmemoración que busca poner sobre la mesa la problemática de la pobreza energética en Europa y la responsabilidad que tienen las instituciones europeas, nacionales, regionales y locales a la hora de abordar políticas públicas en esta materia. Según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), se considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. La renta familiar, los precios de la energía y la eficiencia energética de la vivienda son los factores que determinan, a nivel hogar, la situación de pobreza energética. Tal y como señalan desde ACA, estos componentes permiten comprender cómo surge esta problemática y proporcionan puntos de entrada para la definición de políticas públicas encaminadas a hacer frente a esta problemática. En España, la pobreza energética se ha convertido en un problema estructural que se agrava cada año. Según el XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), la pobreza energética en España ha aumentado un 138 % desde 2008, afectando en 2022 (último dato disponible) al 17,1 % de la población, que no consiguió mantener su vivienda a una temperatura a adecuada. Es importante señalar que los hogares en situación de pobreza y exclusión social suelen sufrir una mayor ineficiencia energética, debido a un déficit en el aislamiento, problemas de infravivienda e insalubridad, y uso de instalaciones y electrodomésticos poco eficientes. Así lo revela el estudio de EAPN-ES: casi 1 de cada 3 personas en riesgo de pobreza no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada. Aunque el concepto de pobreza energética se relaciona habitualmente al consumo de energía para calefacción, es necesario que se tenga en cuenta también la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada en verano, más urgente aún en el contexto de emergencia climática actual. LA SITUACIÓN EN EUROPA El próximo mes de junio se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo. En este contexto, es imprescindible recordar la necesaria aprobación y el cumplimiento de nuevas políticas que aborden la pobreza energética a largo plazo y garanticen la sostenibilidad. No podemos olvidar que, según Eurostat, el 9,3 % de hogares europeos no pudo mantener su vivienda suficientemente caliente en 2022, con oscilaciones que evidencian una gran desigualdad entre países, desde el 1,4 % en Finlandia, el 2,1 % en Luxemburgo y el 2,6 % en Eslovenia hasta el 18,7 % en Grecia, el 19,2 % en Chipre y el 22,5 % en Bulgaria. La pobreza energética es una problemática que EAPN-ES ha abordado con especial atención en los últimos años a través de diferentes acciones. Entre ellas destacan los talleres 'Claves para el ahorro y la eficiencia energética en hogares vulnerables', que la entidad organiza anualmente con Endesa y ACA por diferentes territorios del Estado. En la edición de 2024, están previstas 22 formaciones, incluidas las dos online enmarcadas en la Semana Europea de la Pobreza Energética, los días 21 y 22 de febrero en Aragón y en las Illes Balears, respectivamente. Es importante recordar que acabar con la pobreza en todas sus expresiones es una decisión política y una cuestión de derechos, como vienen demostrando las investigaciones de la Red. Así, en el XIII Informe se analizó también el papel que tienen las Administraciones del Estado en el sostenimiento de la calidad de vida de las personas. Según los datos, sin políticas de protección social ni pensiones públicas, el número de personas en situación de pobreza se duplicaría, llegando a afectar a casi la mitad de la población. Esto se suma a lo publicado en el XII Informe, donde se reveló que las medidas comprendidas en el llamado ‘Escudo Social’ evitaron que un millón y medio de personas cayese en situación de pobreza o exclusión en 2021. En este sentido, queremos recordar algunas medidas que consideramos imprescindibles para garantizar el acceso a los suministros básicos de los hogares en situación de vulnerabilidad, entre ellas impulsar un Bono social energético que contemple tarifas sociales para diferentes suministros, incluido el agua potable, aliviar la excesiva carga burocrática desincentivadora, simplificando al máximo la información disponible y su tramitación para eliminar barreras de acceso, y revisar los umbrales de renta establecidos para la obtención del Bono, valorando utilizar el salario mínimo interprofesional en lugar del IPREM. Por último, recordar que, en un contexto de crisis ecológica cuyos resultados derivan en condiciones climáticas extremas, se hace necesaria una transición ecológica que tenga en cuenta la realidad de las personas y familias en situación de pobreza y/o exclusión. Las familias y las personas más vulnerables son las primeras en sufrir las consecuencias de las catástrofes naturales, de los cambios bruscos de temperatura o de subidas de la energía por cualquier motivo, sin poder hacer frente al pago de suministros.'>

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