Europa Press | 18/12/2020
El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Carlos Susías, ha llamado este viernes a realizar cambios estructurales, tanto a nivel europeo como nacional, "para reforzar los derechos de las personas e incidir más en las flaquezas del estado de bienestar"...
EAPN | 15/10/2021
Después de un año y medio de pandemia, la recuperación no está llegando a todas las personas. A pesar de las medidas adoptadas en el marco del ‘escudo social, la pandemia de la COVID-19 ha agudizado las condiciones de vida del eslabón más débil de la sociedad. Y las previsiones no son buenas. Desde hace más de 10 años, los gobiernos han elaborado planes de inclusión social, pero ha faltado una voluntad política decidida y continuada para erradicar la pobreza y llegar de manera efectiva a quienes más lo necesitan. Los datos de nuestros recientes informes no dejan lugar a dudas. Al inicio de la pandemia, 4,5 millones de personas en España ya vivían en situación de pobreza severa (un millón más que en 2008). Son el colectivo más afectado, pero no el único. Más de 12 millones de personas sobreviven en la cuerda floja de la pobreza y la exclusión social. No podemos permitirnos dejar a nadie más atrás. Frente a esta emergencia, EAPN-ES hace un llamamiento para que los nuevos fondos europeos sean clave para reducir la brecha de pobreza y desigualdad agravadas con la crisis de la COVID-19, así como los distintos planes nacionales y autonómicos, priorizando la lucha contra la exclusión social. Las políticas de inclusión social son motor de desarrollo económico. Europa y el mundo se están enfrentando a una crisis sin precedentes recientes, lo que demanda una acción eficaz por parte de las instituciones públicas a todos los niveles, para garantizar protección social y una vida digna para todas las personas. Desde EAPN-ES reafirmamos nuestra apuesta por prorrogar y ampliar las medidas de protección social puestas en marcha para hacer frente a la crisis y así, empezar a construir un camino hacia la inclusión para millones de personas que lo necesitan. Hoy mejor que mañana.'>
EAPN | 14/10/2021
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado hoy en el Senado de España su XI Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2020’. Esta presentación se produce en el marco de la conmemoración el 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Los datos corroboran que el impacto de la pandemia de la COVID-19 ha sido mayor en los estratos de población que ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad antes del inicio de la última crisis. La Privación Material Severa aumenta casi un 50% en el último año, afectando a 3,3 millones de personas. Este indicador se ha incrementado para toda la población en 15 de las 17 comunidades autónomas (no aumenta en Castilla - La Mancha y Aragón) y para todos los grupos y segmentos analizados. “En términos de privación material severa, la COVID-19 ha tardado un año en conseguir lo que la crisis económica anterior tardó seis en alcanzar”, ha señalado durante la presentación Juan Carlos Llano, responsable de Investigación de EAPN-ES y coordinador del informe. Actualmente, sufren privación material severa casi uno de cada diez niños, niñas y adolescentes; una de cada siete personas que viven en familias monoparentales; una de cada cuatro personas extranjeras provenientes de países no UE y una de cada 20 españoles o españolas. También se incrementa el porcentaje de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, que pasa del 7,8 % al 10 % de la población, es decir, 4,73 millones de personas; la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE), pasa del 25,3 % hasta el 26,4 % (12,4 millones de personas afectadas). Respecto a la desigualdad, la renta del 20% más rico de la población es 5,8 veces más elevada que la del 20% más pobre. En términos europeos, la desigualdad registrada por este indicador para el año 2019, último dato disponible, es la sexta más alta de la Unión Europea, sólo inferior a la de Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania e Italia. España tiene difícil alcanzar las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, por lo que EAPN-ES considera imprescindible realizar un esfuerzo suplementario para cumplir los objetivos, más aún en un contexto de crisis como el actual. Medidas como el Ingreso Mínimo Vital, el incremento del salario mínimo y otras han contribuido a paliar las consecuencias de la COVID-19, pero sus efectos sobre la pobreza y exclusión social más severas todavía no se ven reflejados. Para acceder al Informe completo: https://www.eapn.es/estadodepobreza/ '>
EAPN | 24/09/2021
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha celebrado en la mañana de hoy el webinar 'Políticas Europeas y Estrategias de Lucha contra la Pobreza', en colaboración con su red territorial EAPN Euskadi. El seminario ha tenido como objetivo analizar las políticas europeas desde el prisma de la inclusión social y la reducción de pobreza, brindando un espacio de debate sobre su adaptación en ámbito nacional y autonómico y profundizando en las posibilidades de financiación que se abren en el nuevo marco de fondos europeos, así como las posibilidades que brinda la Carta Social Europea revisada, ratificada recientemente por España. El webinar ha sido inaugurado por Marta Senz, presidenta de EAPN Euskadi y Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, que han llamado la atención sobre la necesidad de una estrategia global de ámbito europeo que permita luchar contra la pobreza. Por su parte, Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 destacó durante la apertura del seminario la importancia de "avanzar en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y las posibilidades de financiación que se abren con el nuevo marco de fondos europeos". Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco destacó "la oportunidad única que representan los fondos comunitarios para los procesos de reconstrucción que se están promoviendo en ámbito autonómico". La Ponencia Marco 'El Futuro de Europa: materialización de la recuperación social, corrió a cargo de Alfonso Lara-Montero, director ejecutivo de la European Social Network, que destacó durante su intervención cómo "el Plan para la recuperación de Europa y los planes de ámbito estatal, destinados a ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de la COVID-19, liderarán el camino hacia la salida de la crisis y sentarán las bases para una Europa moderna, más sostenible, ecológica, digital y resiliente". Por último, el Panel: 'El potencial para los derechos sociales de la Carta Social Europea revisada' contó con la participación de Mª Carmen Salcedo, profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia e Imanol Zubero, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco, analizaron el papel de la Carta Social Europea revisada como instrumento clave para el desarrollo de medidas que permitan mejorar la aplicación de derechos en el entorno laboral y social y reforzar la participación de las organizaciones sindicales, empresariales y sociales en el cumplimiento de los derechos recogidos por la Carta. *Si has participado en la jornada, por favor, rellena el cuestionario de evaluación: https://forms.gle/7c6kdcY5Y4x5tLTKA'>
EAPN | 15/09/2021
La coalición Futuro en Común de la que forma parte EAPN-ES, ha reunido en la mañana de hoy a sociedad civil, mundo académico, empresarial y sindical para dialogar sobre cómo asegurar una recuperación justa y sostenible, sentando las bases de un modelo de país que haga realidad la Agenda 2030 en el contexto del 6º aniversario de su firma. El acto ha contado con la participación de Enrique Santiago, secretario de Estado Agenda 2030, la diputada Noemí Villagrasa, miembro de la Comisión Mixta Congreso-Senado ODS, Luis Salaya, presidente comisión ODS y Agenda 2030 de la FEMP, Santiago Saura, vicepresidente REDS, Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Global Compact España, entre otras personalidades y representantes de la esfera política y la sociedad civil. Durante la apertura, el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías ha declarado que "para conseguir los ODS hay que impulsar que se cumplan aquí y en todo el planeta. Se ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Sostenible, ahora tenemos que materializarla. Es necesario que exista coherencia entre todas las políticas públicas, implicando a todos los actores que participamos en estos procesos". La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 recientemente aprobada y presentada ante Naciones Unidas en el Foro Político de Alto Nivel 2021, marcará la hoja de ruta para la implementación de la Agenda 2030 en España. Para poder acelerar la acción durante esta década y abordar con firmeza los desafíos que identifica la propia Estrategia, se requiere elevar la ambición de las metas propuestas, en un proceso de mejora continua a emprenderse en los órganos del sistema de gobernanza de la Agenda 2030.'>
EAPN | 14/09/2021
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha organizado en la mañana de hoy el Foro de Debate online 'Retos y Desafíos de la Inclusión Sociolaboral de la juventud en riesgo', que ha servido para avanzar en el análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España. Más de 70 jóvenes en riesgo de exclusión, personas expertas en materia de juventud, representantes de administraciones públicas y personal técnico y voluntario de entidades del tercer sector de acción social, han tenido la oportunidad de debatir y reflexionar sobre los principales retos a los que se enfrenta la población joven, así como formular propuestas que puedan contribuir a mejorar las políticas de juventud. Durante la apertura, José Javier López, director de EAPN-ES, ha lamentado "la alta tasa de desempleo juvenil que tenemos en España, que tiene graves consecuencias en el proyecto vital de las personas jóvenes, lastrando su emancipación, el acceso a la vivienda y el desarrollo personal y profesional. Debemos invertir la tendencia aumentando la empleabilidad y la inserción laboral de la juventud y esta debe darse en unas condiciones dignas". Sandra García, coordinadora nacional del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del SEPE, ha destacado durante la celebración del foro "la importancia de fomentar la igualdad de oportunidades para que la población joven en situación de exclusión pueda entrar en un mercado laboral que ha cambiado en los últimos años". Por su parte, Adriá Junyent, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, ha destacado durante su intervención la necesidad de "aumentar la coordinación entre garantía juvenil, servicios sociales y los centros educativos, ya que éstos suponen el espacio donde el profesorado puede detectar los problemas que tienen los y las jóvenes en riesgo de pobreza y exlcusión y, de este modo, poder dar una respuesta más eficaz a este colectivo". Por último, Guillem Porres, técnico en el Área Socioeducativa y de e-Inclusión de la Fundación Esplai, ha llamado la atención sobre lo que ha denominado "brechas digitales y no brecha digital, ya que existen tantas como colectivos." Además, ha destacado el papel crucial que han tenido las entidades del tercer sector de acción social en el envite provocado por la crisis de la COVID-19, que ha profundizado las desigualdades y ha puesto de manifiesto un fenómeno digital que deja de lado a muchos colectivos. Las personas adultas entre 16 y 30 años han sido una de las principales víctimas de las dos últimas crisis, 2008 y 2020. Las entidades de EAPN-ES registran a diario el empeoramiento preocupante de la situación de la juventud dada su falta de experiencia laboral, su situación laboral precaria, sus bajos ingresos, la brecha digital y las dificultades de acceso a la vivienda, que hacen que la emancipación se convierta en verdadero privilegio, no alcanzable para la mayoría de la población joven en España. *Si has participado en la jornada, por favor, rellena el cuestionario de evaluación: https://forms.gle/58otiTYeGDKKy7J89 '>
EAPN | 10/09/2021
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado en la mañana de hoy en rueda de prensa el II Informe ‘El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono’, que analiza la situación de extrema pobreza del eslabón más débil y desconocido de la sociedad. En el acto de presentación han intervenido el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, el responsable de Investigación de la Red y autor del Informe, Juan Carlos Llano y Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos. Al inicio de la pandemia, 4,5 millones de personas en España (9,5 % de la población) vivía en situación de pobreza severa (un millón más que en 2008). Se considera que las personas viven en pobreza- o son pobres- cuando no pueden disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y, por tanto, quedan excluidas de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el Estado o territorio en el que habitan. Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (julio 2021), el umbral de renta para considerar que un hogar está en pobreza severa es de 6.417,3 € por unidad de consumo al año; es decir, cada persona debe sobrevivir con menos de 281 € mensuales para el caso de una familia con dos adultos y dos menores, y con menos de 535 € al mes si vive sola. Con este presupuesto, esas personas han de cubrir todas sus necesidades: vivienda, alimentación, ropa, educación de los hijos e hijas, salud, energía, ocio y otras. En cuanto a la distribución territorial, Canarias, Comunidad Valenciana y Asturias presentan los porcentajes más altos, que oscilan entre el 12,2 % y el 16,7 % del total de su población. En valores absolutos, los guarismos más elevados corresponden a las comunidades con mayor población: Andalucía, que agrupa a más 980.000 personas en pobreza severa, Cataluña y Comunidad Valenciana, con cifras que alcanzan las 702.000 y 674.000 personas respectivamente. Después de año y medio de pandemia, los indicios reafirman el sesgo social de la enfermedad, tanto en lo que se refiere a las posibilidades de contagio, como a las profundas consecuencias económicas que produce entre la población más pobre. Las personas que viven en pobreza se alimentan peor, tienen más enfermedades, están más obesos, hacen menos ejercicio, residen en viviendas infradotadas o pequeñas y la mayoría de las que consigue trabajar, lo hace en empleos que requieren actividad presencial. Todo ello las hace más sensibles al virus y a los efectos económicos derivados de las medidas de control social y apunta a un aumento importante en las tasas de pobreza y de pobreza severa y al deterioro de los indicadores de carencia material. Carlos Susías ha declarado durante la presentación que para hacer frente a esta grave situación de pobreza en España, hay que valorar el impacto positivo de herramientas como el Ingreso Mínimo Vital, y ha subrayado algunos aspectos de mejora. “Hay que mejorar la cuantía del Ingreso Mínimo Vital situándolo por encima del umbral de pobreza, así como su cobertura, para que llegue a todas las personas que lo necesitan. En especial, aquellas en situación de mayor vulnerabilidad social y económica”. Por su parte, Juan Carlos Llano, autor del informe, hizo hincapié en las dificultades de las personas en pobreza severa “para gestionar la necesidad permanente de escoger, de hacer una gradación entre urgencias indispensables; entre comida y calor, entre cultura y pañales, entre ordenador y zapatos, etc.” Por último, Graciela Malgesini, señaló que, a la vista de los datos del informe, “la pobreza es el resultado de decisiones políticas, de la desigualdad y de la injusticia. Su eliminación se consigue mediante un nivel alto de protección social, con recursos eficaces y generosos, servicios públicos universales y empleo de calidad. Y se garantiza mediante la igualdad de género y la lucha contra toda forma de discriminación." Los efectos sociales y económicos de la pandemia van a permanecer indefinidamente, por lo que EAPN-ES apuesta por prorrogar las medidas de protección social puestas en marcha para hacer frente a la crisis social y sanitaria. El impacto de la COVID-19 sobre los grupos de población más vulnerables obliga a proteger más intensamente a miles de familias que se encuentran en mayor riesgo de pobreza o exclusión social y han visto agravada su situación durante la pandemia. Algunos datos destacados: La gran mayoría de las personas en pobreza severa son españolas (72%), muchas de ellas con un nivel educativo medio (53%) o alto (17,9%) y, además, con trabajo (27,5%) y con vivienda (95,2%). El 14,1 % de las niñas, niños y adolescentes (17 años o menos) vive en esta situación, cifra que contrasta con el 8,6% del resto. El 12% de las personas que vive en hogares con menores está en situación de pobreza severa frente al 7,1% de las que viven en hogares sin menores. El 21,5% de las personas que vive en hogares monoparentales está en situación de pobreza severa. La inmensa mayoría está a cargo de una mujer. '>
EAPN | 03/08/2021
35 millones de personas en la UE no pueden permitirse vacaciones de verano (4,7 millones en España). Nuestro país es uno de los 16 países de la UE donde la brecha en el acceso a las vacaciones entre ricos y pobres está aumentando, según un estudio de la Federación Europea de Sindicatos (ETUC). En general, un 28% de los ciudadanos y ciudadanas de la UE no pueden permitirse pasar una semana de vacaciones fuera de casa, pero eso aumenta al 59,5% para las personas cuyos ingresos están por debajo del umbral de riesgo de pobreza (60% de la mediana). La peor situación es en Grecia, donde el 88,9% de las personas que viven en riesgo de pobreza no pueden permitirse un descanso, seguida de Rumanía (86,8%), Croacia (84,7%), Chipre (79,2%) y Eslovaquia (76,1%). La federación de sindicatos europeos "está trabajando con los eurodiputados para introducir un umbral de decencia en la legislación que garantizaría que los salarios mínimos legales nunca puedan ser menos del 60% del salario mediano y el 50% del salario medio de cualquier Estado miembro, lo que proporciona una aumento salarial a más de 24 millones de personas". En el caso de España, según Eurostat, habría que pasar de los 950 euros en 14 pagas a los 979 euros –de 1.108 a 1.142, si fuera en 12 pagas– si se considera el 60% del salario mediano que maneja Eurostat. Es decir, un incremento del 3%. Los salarios mínimos legales dejan a los trabajadores en riesgo de pobreza en al menos 16 estados miembros de la UE y, según la Comisión Europea, 22 millones de trabajadores ganan menos del 60% de la media. '>
EAPN | 07/07/2021
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) se ha reunido con la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para trasmitirle el interés y la necesidad de que la inclusión y la cohesión social sean prioritarias en la ejecución de los Fondos Europeos Next Generation. Durante el encuentro, Nadia Calviño ha podido conocer el trabajo y el propósito de la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades del ámbito social. El presidente de la PTS, Luciano Poyato, ha destacado “el papel fundamental que han tenido las entidades del Tercer Sector durante la pandemia”. Además, Calviño ha recibido información sobre el reciente e histórico acuerdo alcanzado con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que “es más necesario que nunca” y demuestra “el carácter esencial del Tercer Sector”, como ha subrayado Poyato. Por parte de la Plataforma del Tercer Sector se ha solicitado que haya una interlocución renovada, reforzada y “un diálogo colaborativo” con el objetivo de buscar otras formas de relación entre el Tercer Sector y la administración estatal. Especialmente, se ha incidido en la necesidad de trabajar en la búsqueda de nuevas formas de colaboración público-social. Como ha señalado la vicepresidenta de Impacto Social y Cohesión Interna de la PTS, Natalia Peiro, es preciso buscar “nuevas herramientas que superen la financiación ligada a subvenciones y avanzar hacia otras formas de cooperación activa, más eficaz, más eficiente y sostenible”. En cuanto al nuevo periodo de financiación europeo y los Fondos Next Generation, desde la Plataforma del Tercer Sector ha reiterado su voluntad de colaboración y se insistido en que estos fondos representan una auténtica oportunidad y es necesario que “estén al servicio de la inclusión y la cohesión social” puesto que pueden ser un “instrumento idóneo para promover caminos de empoderamiento, de autonomía económica, participación y progreso social”, ha destacado Luis Cayo Pérez, vicepresidente Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil de la PTS. Por su parte, la vicepresidenta, Nadia Calviño, ha querido mostrar su agradecimiento al Tercer Sector por el trabajo que realiza y por su fomento de la articulación social y la mejora colectiva de la sociedad. Asimismo, ha destacado su voluntad de mantener una interlocución entre su departamento y el Tercer Sector.'>
EAPN | 01/07/2021
La ratificación por parte de España a la Carta Social Europea, que entra en vigor hoy en nuestro ordenamiento jurídico, es un “hito” para la aplicación de los derechos sociales vinculados con aspectos cruciales para la vida de una persona como son: la dignidad en el trabajo, la protección de las personas trabajadoras, el derecho a la igualdad de oportunidades, la protección contra la pobreza y la exclusión social, entre otras. España se convierte así en el tercer país, después de Francia y Portugal, en ratificar la Carta Social Europea Renovada en todas sus disposiciones. Es la conclusión principal del webinario ‘La Carta Social Europea revisada, más y mejores derechos sociales’, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Durante el acto de apertura de esta jornada, el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez, ha calificado a la Carta Social Europea revisada como el tratado social “más importante para el reconocimiento de los derechos sociales”. “Los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados e irreversibles”, ha declarado. De ahí que, en su opinión, la ratificación de esta Carta suponga “un compromiso profundo en la erradicación de la pobreza y el reconocimiento de un estatus social a la altura de Europa”. “Esta ratificación es el inicio en nuestro compromiso con las organizaciones del Tercer Sector”, ha concluido. Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Europeos, Relación con el Tercer Sector y Movimientos Sociales de EAPN-ES, Sali Guntín, se ha referido a esta Carta Social como “la Constitución de lo social en Europa” porque, según ha dicho, “supera a todos los instrumentos existentes en la Unión Europea en materia de derechos sociales y tiene esa capacidad protectora que quieren tener las Constituciones”. Así, ha considerado que esta ratificación “llega en el momento oportuno”, sobre todo, por la situación que estamos viviendo, “con un aumento de la situación de pobreza y de exclusión social, de la desigualdad de género, de la pobreza infantil y de la precariedad en el empleo, entre otros”. El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, ha asegurado que “la única fórmula para asegurar el bienestar y la inclusión son los derechos”. En este sentido, para él, esta Carta permite desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales y es, además, un “nuevo garante para las personas con discapacidad”. “Un gobierno responsable no puede permanecer impasible a la desigualdad y debe luchar para que nadie quede atrás”, ha indicado. Ampliación de derechos laborales y sociales Durante la celebración del webinario, ha tenido lugar una ponencia ofrecida por María José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad, quien ha hablado de un “punto y seguido” en materia de derechos sociales. Por lo que, ha querido llamar la atención sobre una serie de objetivos a alcanzar tras esta ratificación. Entre ellos, ha apuntado al establecimiento de un procedimiento de reclamación individual, la creación de un Tribunal Europeo de Derechos Sociales, la inclusión de nuevos derechos sociales en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la ampliación de la protección de las personas ante los retos derivados de los procesos de digitalización, de la economía o de la crisis medioambiental; y el perfeccionamiento de la capacidad de intervención de los interlocutores sociales a la hora de aplicar el procedimiento de la Carta Social Europea. Las reclamaciones colectivas Por su parte, la responsable del Área de Derechos Humanos de FEANTSA, María José Aldanas, ha abordado la creación de nuevos derechos como las reclamaciones colectivas. En este sentido, ha centrado su exposición en el derecho a la vivienda (artículo 31) y ha expuesto dos casos concretos de reclamaciones colectivas interpuestas por su entidad que fueron reconocidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS): una a Francia contra toda la política de vivienda, y otra contra los Países Bajos, sobre las dificultades de acceso de las personas sin hogar en situación irregular a alojamientos de emergencia. En cuanto a sus reflexiones sobre este procedimiento, ha considerado que las entidades sociales se alejan de la colaboración con los gobiernos, al tiempo que ha explicado que la impugnación de leyes y prácticas por parte de países como Francia, Países Bajos y Eslovenia, esto no solo ayudó a establecer normas mínimas para esos países, sino que esas normas mínimas del derecho internacional europeo son aplicables ya a otros Estados Miembro. Además, también ha dicho que la promoción y el seguimiento de las decisiones del Comité son necesarios en estos procedimientos, y que hay que hacer una incidencia política paralela a la reclamación, y realizar actividades de formación y sensibilización, de comunicación pública si es necesario. El Potencial de los Derechos Sociales en la Carta Social Europea revisada A continuación, ha tenido lugar un debate en el que, moderado por el secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, Rafael de Lorenzo, han participado la vocal asesora para Asuntos del Consejo de Europa y OSCE de la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, María Victoria Scola; la responsable de Área de Derechos Sociales de UGT, Gemma Ramón; la doctora en Derecho y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, Patricia Cuenca; y la presidenta de Help Age España, Isabel Martínez. Los participantes han coincidido en la necesidad de que España haya ratificado ya la Carta Social Europea de Derechos Sociales, que supone un “gran logro” en esta materia y un “instrumento clave” que permitirá el desarrollo de medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales. Las ponentes han situado la Carta Social como la “nueva constitución social de Europa” y, tal y como ha señalado María Victoria Scola, supone “la salvaguarda de los derechos de lucha contra la pobreza y la exclusión social”. Posteriormente, se ha analizado la Carta desde el ámbito jurídico - académico por parte de Gemma Ramón y Patricia Cuenca, quien ha recalcado que, aunque es un instrumento de mucho potencial, tiene algunas deficiencias. Por último, Isabel Martínez ha aportado su visión desde el tercer sector en el ámbito de las personas mayores, haciendo énfasis en el refuerzo que supone la Carta en algunos derechos como el empleo, la protección social y la educación, la formación o la participación social y política. Clausura Por último, las conclusiones han sido ofrecidas por la directora del Departamento de Programas Europeos, Fundación ONCE, María Tussy; y en la clausura han participado el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías; el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno; y el presidente de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, Antonio Ferrer. Por su parte, Susías ha afirmado que son las entidades sociales del Tercer Sector las que deben ser “incentivadoras” de la voluntad política para adaptar esta nueva legislación a la realidad social que estamos viviendo. El presidente del CERMI ha destacado que la ratificación de esta Carta supone un “revulsivo” que nos puede ayudar a mejorar las políticas nacionales, actualizar nuestra agenda política y plantear una reforma constitucional para que los derechos sociales tengan el carácter de fundamental. Además, el senador Antonio Ferrer ha reconocido que “hemos tardado 25 años en tener esta Carta suscrita”, pero que se trata de un “campo de interés” para el Tercer Sector, para los defensores de las libertades fundamentales de las personas, “que va a incidir en los cambios legislativos y en ensanchar nuestro estado del bienestar”. La Carta Social Europea revisada es un instrumento de capital importancia en materia de derechos en el entorno laboral y social, por lo que su incorporación al ordenamiento jurídico es fundamental, ya que va a ser la base jurídica desde la que se mejore la aplicación de derechos sociales vinculados con aspectos cruciales para la vida de una persona como son: la dignidad en el trabajo, la protección de las personas trabajadoras, el derecho a la igualdad de oportunidades, la protección contra la pobreza y la exclusión social, entre otras. *Si has participado en la jornada, por favor, rellena el cuestionario de evaluación: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX8fMQxJ15epXhs2t8Ua5LyKTr9AvFbakABY-cWgMvfoYIeg/viewform'>
EAPN | 30/06/2021
El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, ha presentado hoy su Informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Relator Especial presentó los datos globales sobre el incremento de la pobreza en el mundo como consecuencia de la pandemia y la debilidad de los sistemas de protección que han amplificado estos resultados adversos. El Relator visitó las instituciones de la Unión Europea del 25 de noviembre de 2020 al 29 de enero de 2021. Durante la visita, representantes de EAPN tuvieron la oportunidad de trasladarle su valoración sobre la situación de pobreza en la UE antes y durante la pandemia de la COVID-19, incluyendo la falta de prevención y protección de la sanidad y de los sistemas de bienestar social en los Estados miembros. El Relator Especial se ha interesado especialmente por la situación de la infancia, las personas inmigrantes y refugiadas, los hogares monoparentales, la población gitana, la población con discapacidad y los restantes grupos en riesgo de pobreza y exclusión. Según refiere el Informe, "Desde el final de la visita, el 29 de enero de 2021, la Unión Europea ha tomado acciones importantes. Ha aumentado la financiación asignada a la lucha contra la pobreza infantil. Propuso una directiva sobre transparencia salarial para fortalecer el requisito de igualdad de remuneración para las mujeres y hombres. En marzo de 2021, la Comisión Europea anunció un plan de acción para el Pilar de Derechos Sociales, adoptó la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos del Niño y emitió una propuesta de recomendación del Consejo para una Garantía Infantil Europea. Estos son avances y compromisos loables. La pregunta, sin embargo, es si pueden compensar los marcos de política macroeconómica y las reglas que restringen a los miembros La acción estatal para la erradicación de la pobreza y conducir a recortes en los servicios públicos en nombre de presupuestos equilibrados, afectando primero a los más vulnerables. Una carrera institucionalizada 'a la baja' entre los Estados miembros, lo que lleva a salarios más bajos y protecciones más bajas para las personas trabajadoras en nombre de competitividad, perjudica tanto a las empresas como a estos, pero hace sufrir más a los asalariados precarios y con ingresos bajos. (...) La Unión Europea puede, si así lo decide, cambiar las reglas del juego." Por otra parte, destaca el Punto 20 del Informe, por la importancia del diagnóstico que realiza: "Esto apunta a un problema más amplio: la debilidad de los derechos sociales en el marco constitucional de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que desempeña un papel importante en la introducción de una cultura de los derechos fundamentales en las instituciones de la Unión Europea, presenta importantes lagunas en comparación, por ejemplo, con la Carta Social Europea del Consejo de Europa. En áreas que incluyen el derecho a la atención médica, el derecho a la asistencia social como medio para combatir la exclusión social o el derecho a la vivienda, la Carta de los Derechos Fundamentales no garantiza derechos exigibles." Finalmente, el Informe elabora un detallado análisis de las principales líneas de políticas sociales desarrolladas en el ámbito de la UE, incluyendo la posibilidad de un sistema europeo de Ingresos Mínimos, para finalizar con tres recomendaciones dirigidas a la UE: a) Están pendientes las propuestas sobre la cuestión del salario mínimo y de la Garantía Infantil. La adopción de estas propuestas será una contribución importante a la reducción de la pobreza en la Unión Europea. (b) La crisis actual brinda una oportunidad única para repensar la gobernanza socioeconómica en la Unión Europea. La revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento debería garantizar que la disciplina presupuestaria no desaliente la inversión social. c) Como mínimo, las medidas adoptadas a nivel de la Unión Europea no deben obstaculizar los esfuerzos de los Estados miembros para combatir la pobreza y reducir las desigualdades. Un requisito esencial en ese sentido es que las Recomendaciones Específicas de cada país adoptadas como parte del proceso del Semestre Europeo y los Memorandos de Entendimiento acordados con los países apoyados por el Mecanismo Europeo de Estabilidad vayan acompañados de evaluaciones adecuadas del impacto en los derechos humanos. Por otra parte, la 'propuesta estrella' realizada por el Relator Especial en el ámbito internacional es la creación de un Fondo Especial de Protección Social en el ámbito de Naciones Unidas, para dedicarlo a reforzar los sistemas de protección social de los países más pobres, que permitan aliviar la pobreza estableciendo unos suelos mínimos. La mayoría de los representantes de los Estados que intervinieron durante la comparecencia del Relator mostraron su acuerdo con esta propuesta. Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de EAPN-ES valoró la iniciativa del Fondo para la Protección Social. "Es una idea ambiciosa y necesaria para lograr unos estándares mínimos de vida y reducir la pobreza extrema en el mundo. Para poder cumplir con las recomendaciones realizadas por De Schutter, la UE debería adoptar una estrategia común y coordinada de lucha contra la pobreza, con metas claras y compartidas por todos los Estados Miembro".'>
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