El año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social supuso que en nuestro país comenzara a existir una apuesta decidida y sostenible a favor de las personas más excluidas y vulnerables, reclamando su derecho a contar con los servicios y recursos imprescindibles para disfrutar de unas condiciones de vida dignas y participar activamente en la sociedad.

La crisis financiera y económica que estamos viviendo en los cuatro últimos años, no solamente ha traído como consecuencia un incremento alarmante de la tasas de desempleo, que ha golpeado de modo especial a los jóvenes y a las personas menos cualificadas y más vulnerables, sino una mayor precarización y exclusión de las personas que ya estaban excluidas y la entrada de otras muchas en el círculo de la exclusión.

Ante la situación de crisis prolongada, se ha impuesto en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea un discurso dominante en el que el restablecimiento de los indicadores macroeconómicos y especialmente la reducción del déficit público está determinando y determinará en los próximos años todas las políticas sociales. La consecuencia, no solamente es una reducción drástica de la inversión social, sino el deterioro y la eliminación de muchos servicios que son básicos y esenciales para el apoyo a las personas más vulnerables, en un contexto en el que crecen las desigualdades y se agravan las situaciones de extrema exclusión;

El Consejo Europeo aprobó la Estrategia Europea 2020, en la que se marcan los grandes retos de la Unión y de todos los gobiernos estatales y regionales que lo componen, para la próxima década. En la misma se definen cinco objetivos, entre ellos reducir el número de personas en riesgo de exclusión en 20 millones en Europa y se proponen siete iniciativas emblemáticas, una de las cuales es la Plataforma Europea contra la pobreza, para garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las personas que sufren de pobreza y exclusión social puedan vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad. Los Estados miembros de la Unión, y por tanto el español, tienen que preparar en el primer trimestre del 2011 sus Programas Nacionales de Reforma en el marco de la estrategia 2020, debiendo buscar para ello la máxima implicación y corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas, así como el máximo grado de consenso y dialogo con las organizaciones sociales de la sociedad civil que más directamente trabajan contra la realidad de la pobreza y la exclusión social, y que componen el llamado Tercer Sector de Acción Social.

En este contexto, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), de la que forma parte EAPN Galicia, así como la mayoría de las principales redes de organizaciones no lucrativas y de voluntariado, como la Plataforma de Ong de Acción Social (POAS), la Plataforma del Voluntariado (PVE) o el Comité Español de representantes de personas con Discapacidad (CERMI) han iniciado un proceso de trabajo conjunto que pretende impulsar una Estrategia de Inclusión Social en España para la próxima década, proponiendo los objetivos y medidas clave que la misma ha de tener, así como un seguimiento efectivo a nivel de la comprometido por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas al aprobar el Plan Nacional de Reforma.

Desde la perspectiva del Tercer Sector es imprescindible que:

• La lucha contra la pobreza y la exclusión social sea un elemento esencial y prioritario del Programa Nacional de Reforma y de los objetivos, medidas e indicadores establecidos en el mismo.
• Reivindique con una voz única decidida y clara, la defensa de los derechos de las personas más vulnerables y las medidas que son imprescindibles para que todas tengan el derecho a unos ingresos y servicios mínimos que les permiten vivir con dignidad e incorporarse activamente a la sociedad.
• Movilice a sus bases y sensibilice al conjunto de la sociedad, recordando que la dignidad de las personas y el derecho a que las mismas puedan participar plenamente, está en la esencia de nuestros valores democráticos y que en consecuencia nuestra sociedad no se puede permitir que se sigan agravando las desigualdades sociales y que cada vez haya más personas en situación vulnerable.